El Tribunal de Cuentas ha acordado aplicar la ley de amnistía y archivar la causa contable abierta contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros 35 exaltos cargos de la Generalitat de Catalunya implicados en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. La decisión pone fin a la vía de responsabilidad económica que el organismo fiscalizador mantenía abierta contra los protagonistas del proceso independentista, después de años de instrucción y de la constitución de avales millonarios para garantizar posibles indemnizaciones al Estado.

El archivo llega aproximadamente tres meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea validara la compatibilidad de la ley de amnistía española con el derecho comunitario, despejando así las dudas jurídicas que habían llevado a varios órganos judiciales a plantear cuestiones prejudiciales. Esa sentencia europea abrió la puerta a que el Tribunal de Cuentas, al igual que otros tribunales españoles, procediera a aplicar la norma aprobada en 2024 por las Cortes Generales con los votos de la mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.

Una instrucción que duró años y acumuló avales de decenas de millones

El procedimiento de responsabilidad contable se había convertido, junto con las causas penales, en uno de los principales instrumentos de que disponía el Estado para exigir rendición de cuentas económica a los organizadores del referéndum ilegal. Durante la instrucción, el Tribunal de Cuentas exigió a los investigados la constitución de avales que, en conjunto, sumaban decenas de millones de euros, con el fin de garantizar la posible devolución de fondos públicos que, según la acusación, se destinaron a financiar el 1-O al margen de la legalidad presupuestaria.

La amnistía, que el Congreso de los Diputados aprobó con los votos de Junts, ERC, el PSOE, Sumar y otros grupos parlamentarios, incluía expresamente la extinción de este tipo de responsabilidades contables vinculadas a los hechos relacionados con el proceso independentista catalán entre 2012 y 2023. La aplicación de la norma por parte del Tribunal de Cuentas cierra así uno de los últimos frentes judiciales activos contra los implicados en el referéndum.

PP y Vox, críticos con la ley desde su aprobación

El Partido Popular y Vox se opusieron frontalmente a la ley de amnistía desde su tramitación parlamentaria. El PP recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, argumentando que vulneraba el principio de igualdad ante la ley y que constituía una medida diseñada a medida para beneficiar a los líderes independentistas a cambio de su apoyo parlamentario al ejecutivo socialista. Vox fue más allá en su rechazo, calificando la ley de ruptura del Estado de derecho. Ninguno de los dos partidos ha modificado su posición tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE.

Con el archivo de la causa contable, Puigdemont, Junqueras, Mas y los demás exaltos cargos investigados quedan exonerados de cualquier responsabilidad económica ante el Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre.