Claves
- La Fiscalía Anticorrupción investiga a cinco personas ligadas al Incavi y la DO Terra Alta
- Los cargos son presunta malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones
- El Incavi es un organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya
- La agencia privada Pcats, gestora de la comunicación de la DO, también está en el punto de mira
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra varios responsables del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), del consell regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta y de la agencia de comunicación Pcats, encargada de gestionar la imagen de esa DO, por presunta malversación de fondos públicos y fraude en la gestión de subvenciones.
Según la información disponible, los investigados son dos responsables del Incavi —organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya—, el secretario del consell regulador de la DO Terra Alta, una trabajadora de esa misma denominación de origen y la directora de la agencia Pcats. Las pesquisas se centran en la posible desviación o gestión irregular de fondos de naturaleza pública canalizados a través de subvenciones.
El Incavi, organismo público en el centro de la investigación
El Incavi es el organismo de la Generalitat responsable de la promoción y el control de calidad del sector vitivinícola catalán, con competencias sobre las denominaciones de origen y la distribución de ayudas públicas al sector. La implicación de dos de sus responsables en la investigación sitúa a la institución en el foco de una causa penal que también alcanza a la estructura privada que gestiona la comunicación de una de las denominaciones de origen con más proyección del sur de Catalunya.
La DO Terra Alta, ubicada en la comarca homónima de la provincia de Tarragona, agrupa a productores de una de las zonas vitivinícolas más reconocidas del territorio catalán. La investigación apunta tanto a la posible malversación de fondos —por parte de quienes administran recursos públicos— como al fraude en la obtención o justificación de subvenciones, delitos que en caso de confirmarse podrían conllevar penas de prisión y inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción, especializada en delitos económicos vinculados a la gestión de dinero público, es el órgano que ha asumido la instrucción preliminar del caso, lo que indica que los indicios recogidos apuntan a un presunto perjuicio para las arcas públicas de cierta entidad. Ninguna de las partes investigadas ha hecho declaraciones públicas hasta el momento sobre las diligencias abiertas.