Grabaciones obtenidas por elDiario.es recogen conversaciones entre al menos tres militares españoles destinados en Ceuta en las que relatan, entre risas y sin mostrar incomodidad, supuestas agresiones físicas a inmigrantes durante sus turnos de guardia. Los audios fueron captados en la noche del 21 al 22 de septiembre, mientras los soldados se encontraban en un punto fijo de vigilancia próximo a la carretera de acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma.

En uno de los fragmentos, un soldado comenta las sensaciones de golpear sin protección —«sin guantes se escucha el 'plas'»—, mientras sus compañeros responden con carcajadas. En otro pasaje, uno de los uniformados describe cómo habría atraído a dos personas hasta el vehículo oficial para propinar un golpe por sorpresa a una de ellas. Los militares llegan a justificar la violencia argumentando que las víctimas «parece que se las buscan».

Acusación de prácticas vejatorias atribuidas a los Regulares

Las grabaciones incluyen también el testimonio de un soldado sobre una supuesta práctica atribuida a miembros del Grupo de Regulares: habrían forzado a un inmigrante a golpear a otras personas amenazándole con una paliza si no lo hacía con la intensidad exigida. La publicación de estos audios llega después de semanas en que los propios inmigrantes habían denunciado agresiones, robos y tratos degradantes por parte de las patrullas militares en la ciudad.

Amnistía Internacional había trasladado al Ministerio de Defensa un informe con esas denuncias. El ministerio lo remitió a la Justicia y anunció la apertura de una investigación interna. A pesar de ello, la ministra Margarita Robles defendió el 12 de octubre la actuación de los militares desplegados en Ceuta y calificó de «críticas injustas» algunas de las acusaciones vertidas contra ellos.

Las asociaciones militares, al margen de la polémica disciplinaria

Por su parte, organizaciones representativas de los soldados —ASFASPRO, AUME y UMT— han elevado al Defensor del Pueblo sus quejas sobre la falta de seguridad jurídica, de medios y de instrucciones claras para los efectivos desplegados en la ciudad autónoma. Su argumento es que la indefinición del marco legal en que operan los militares deja a los soldados en una situación de desamparo institucional, al margen de lo que pueda concluir la investigación sobre los audios.