La Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dado un paso decisivo para adjudicar a la multinacional francesa Veolia la gestión del servicio de agua potable en ocho municipios de su entorno, un contrato que se prolongaría durante 25 años y daría cobertura a una población de aproximadamente 250.000 habitantes. La resolución provisional coloca a la empresa gala en posición de ventaja para hacerse con uno de los contratos de gestión del agua más voluminosos de la comarca metropolitana en los últimos años.

Entre los municipios incluidos en el acuerdo figuran Sant Cugat del Vallès y Molins de Rei, dos localidades de peso demográfico y económico relevante en el Vallès Occidental. La identidad del resto de municipios no ha trascendido en detalle, pero el conjunto del contrato convierte esta adjudicación en una decisión de calado para la gestión pública de un recurso esencial.

Un contrato de largo recorrido con escasa competencia pública

La duración de 25 años para un servicio básico como el abastecimiento de agua pone sobre la mesa una pregunta que merece atención: ¿en qué condiciones podrán los ayuntamientos implicados renegociar o revertir el servicio si el desempeño no es satisfactorio? Los contratos de gestión privatizada del agua a muy largo plazo han generado fricciones en numerosas ciudades europeas, donde la recuperación de la gestión pública ha resultado costosa y jurídicamente compleja.

Veolia es uno de los operadores de infraestructuras medioambientales más grandes del mundo, con presencia en decenas de países y una larga trayectoria en la gestión de servicios de agua en el Estado español. Su posición dominante en el sector le otorga una capacidad de oferta difícil de igualar por empresas de menor tamaño, lo que plantea dudas sobre el grado real de competencia en los procesos de licitación de este tipo.

La AMB, como organismo supramunicipal, es el ente competente para articular y licitar estos contratos en nombre de los municipios que agrupa. La decisión provisional de decantar la balanza hacia Veolia no es aún definitiva, pero marca con claridad la dirección del proceso. Los plazos de resolución definitiva y la posibilidad de que otros licitadores presenten alegaciones determinarán si el contrato queda finalmente adjudicado en los términos anunciados.