El Partido Popular ha decidido adelantarse al fallo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá este jueves sobre aspectos clave de la ley de amnistía, comprometiéndose públicamente a respetar la resolución sea cual sea su contenido. Su portavoz, Borja Sémper, lo expresó con claridad en rueda de prensa: el partido acatará la sentencia, como hace con cualquier pronunciamiento judicial, y no entrará en especulaciones previas sobre su sentido. El gesto tiene un destinatario implícito: el Gobierno de Pedro Sánchez, al que el PP acusa de haber abrazado el discurso del lawfare cada vez que la justicia le resulta incómoda.

El tribunal comunitario debe resolver las cuestiones prejudiciales que en su momento elevaron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. La primera institución preguntó si los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) podían quedar amparados por la norma; la segunda, si los gastos derivados del procés representaron un perjuicio real para los intereses financieros de la Unión Europea. Este segundo punto es de enorme relevancia, porque condiciona directamente la aplicabilidad de la amnistía al delito de malversación —uno de los cargos que pesan sobre Carles Puigdemont— y, por tanto, el alcance efectivo de la ley.

Un fallo previsible que el PP ya ha descontado

En la sede nacional del partido, en la calle Génova, asumen desde hace meses que la sentencia del TJUE probablemente respaldará la posición que ya adelantó el abogado general de la institución el año pasado. Aquel dictamen concluyó que la ley de amnistía no vulneraba el derecho europeo ni en materia de terrorismo ni en lo relativo a los intereses económicos comunitarios. Aunque el fallo final del tribunal no está formalmente vinculado a esa opinión previa, lo habitual es que ambos criterios coincidan, y las fuentes comunitarias consultadas por ABC lo confirman: sería excepcional que el tribunal se apartara de esa hoja de ruta.

Si el pronóstico se cumple, el Ejecutivo y Junts obtendrían un respiro significativo. El Tribunal Constitucional, que tiene en su tejado los siguientes movimientos sobre la amnistía, deberá interpretar su propia posición a la luz de lo que diga Luxemburgo. Y la consecuencia más directa podría ser un avance en la regularización judicial de la situación de Puigdemont, aunque los plazos y los efectos concretos aún dependen de varios tribunales nacionales.

El PP mantiene la crítica política aunque asuma el resultado jurídico

La estrategia del PP consiste en separar con nitidez dos planos: el respeto institucional a la sentencia, por un lado, y la condena política a la ley que la hizo necesaria, por otro. Sémper insistió en que la norma nunca respondió a una convicción jurídica del Gobierno, sino a una necesidad aritmética: conseguir los apoyos parlamentarios para que Sánchez fuera investido. Para el PP, la amnistía no fue una política pública sino un precio pagado, y ese reproche no cambia con ningún fallo judicial.

Sin embargo, dentro del propio partido hay una lectura más pragmática del momento. Varios dirigentes reconocen en privado que el desgaste de la ley de amnistía como arma de oposición se ha agotado. Lo que mantiene encendida la presión sobre el Gobierno, señalan las mismas fuentes, no es ya este expediente sino la acumulación de escándalos por corrupción que rodean al Ejecutivo y al entorno del presidente. Ahí es donde el PP concentra ahora sus esfuerzos, sin querer que el fallo del TJUE desvíe el foco hacia un terreno en el que, esta vez, las noticias podrían favorecer a Sánchez.