Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono de su ofensiva contra Pedro Sánchez hasta un terreno inusualmente duro: el presidente del PP ha insinuado públicamente que el Gobierno de Marruecos podría tener en su poder información sensible sobre el jefe del Ejecutivo español, una afirmación de enorme gravedad que lanza sin aportar evidencias concretas pero que marca una escalada deliberada en la presión política sobre La Moncloa.

La declaración llega en el contexto de la crisis diplomática y de seguridad generada en Ceuta, que el líder popular atribuye directamente a la gestión del Gobierno central. Feijóo sostiene que la situación en la ciudad autónoma era previsible y que una actuación diligente por parte del Ejecutivo habría bastado para evitarla. La acusación de dejación de funciones es, así, el eje sobre el que construye su argumentario: no un fracaso inevitable, sino una negligencia.

La amenaza de consecuencias judiciales y electorales

Más allá de las insinuaciones sobre Marruecos, Feijóo ha advertido a Sánchez de que las decisiones tomadas durante esta crisis tendrán un doble coste: en los tribunales y en las urnas. La doble vía —judicial y electoral— es un recurso habitual del PP para presionar al Gobierno, pero el contexto de la crisis de Ceuta le otorga en esta ocasión una dimensión concreta y de mayor carga política que el mero reproche de oposición.

La exigencia formal de dimisión completa el cuadro de una estrategia de máxima presión. El PP reclama que Sánchez asuma responsabilidades políticas directas por lo ocurrido en Ceuta, encuadrando la gestión de la crisis no como un episodio aislado sino como la expresión de una debilidad estructural del Gobierno frente a Rabat.

Las insinuaciones sobre la posesión marroquí de información comprometedora sobre Sánchez, sin embargo, merecen una lectura crítica: se trata de una afirmación de enorme peso que Feijóo lanza sin presentar ningún respaldo documental ni fuente verificable. En un debate político serio, la distinción entre denuncia fundamentada y especulación de alto voltaje resulta imprescindible para evaluar el alcance real de la acusación.