Dos agentes de los Mossos d'Esquadra han sido procesados por su intervención en el tiroteo de Riudoms del 14 de diciembre de 2021, en el que abatieron a Marin Eugen Sabau, un exvigilante de seguridad de Securitas que ese día irrumpió armado en su antiguo centro de trabajo en Tarragona y disparó contra tres de sus excompañeros antes de herir también a un agente policial durante la huida. La jueza instructora considera que la actuación de los dos mossos que lo neutralizaron fue «descontrolada y desproporcionada».

Los hechos se desencadenaron cuando Sabau, tras el tiroteo en las instalaciones de Securitas, se atrincheró en una masía del municipio de Riudoms, en el Baix Camp. Fue allí donde la unidad de élite del cuerpo intervino y lo abatió. El hombre sobrevivió inicialmente, pero sufrió lesiones gravísimas que lo dejaron en una situación de extrema dependencia. Tras un prolongado proceso judicial en el que recurrió en varias instancias, Sabau obtuvo la autorización para recibir la eutanasia, que acabó aplicándosele.

El procesamiento, eje del debate sobre el uso de la fuerza policial

El auto de procesamiento abre ahora la vía para que los dos agentes se sienten en el banquillo por la forma en que ejecutaron la neutralización del pistolero. La calificación de «descontrolada y desproporcionada» que emplea la jueza remite al núcleo del debate jurídico: si los mossos emplearon una fuerza superior a la necesaria dado el contexto operativo, o si, por el contrario, actuaron dentro de los límites que permite la ley ante una amenaza activa y armada.

El caso acumula una notable complejidad jurídica y mediática. Por un lado, los agentes intervinieron contra un individuo que había disparado ya contra varias personas y había herido a un compañero del cuerpo. Por otro, la instrucción concluye que el modo en que se produjo el disparo o los disparos finales no se ajustó al protocolo de uso de la fuerza. La defensa de los mossos previsiblemente alegará que actuaron en un entorno de máximo riesgo y con información limitada sobre el estado del sospechoso en ese momento.

El caso Sabau había cobrado especial visibilidad pública por el tramo relacionado con la eutanasia: fue uno de los primeros casos en Catalunya en los que la aplicación de la ley reguladora de esta prestación se vio envuelta en recursos judiciales de terceros antes de poder ejecutarse. Ahora, con el procesamiento de los dos agentes, el foco vuelve sobre la intervención policial que dejó al exvigilante en ese estado irreversible.