El Gobierno central lleva semanas publicitando lo que denomina un «crecimiento acelerado» de la construcción de vivienda protegida en España. Los datos del primer semestre del año muestran, en efecto, un incremento del 70% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, la comparación con el mercado libre deja la foto en perspectiva: por cada piso de protección oficial iniciado, se han promovido cuatro destinados al mercado libre. En cifras absolutas, 13.942 viviendas protegidas frente a 67.500 del segmento libre — una proporción que representa apenas el 20% del total.

La brecha entre el relato político y la realidad constructiva resulta especialmente llamativa a las puertas de unas elecciones en las que el acceso a la vivienda se perfila como uno de los ejes centrales del debate. Administraciones de los tres niveles — central, autonómica y local — han contribuido a ese registro semestral, aunque el desglose de la aportación de cada nivel no ha sido detallado por el Ejecutivo.

Un porcentaje que evidencia la distancia con los objetivos declarados

Que la vivienda protegida represente una quinta parte de la nueva edificación residencial no es un dato menor. Durante años, expertos y organismos internacionales han advertido de que España arrastra un déficit estructural de parque público y protegido que no puede corregirse con tasas de crecimiento relativo, por elevadas que sean, si el punto de partida es insuficiente. Un alza del 70% sobre una base reducida sigue dejando el volumen absoluto muy lejos de los niveles que necesitaría el mercado para aliviar la presión sobre el precio del alquiler y la compra.

El contraste con los más de 67.500 visados de vivienda libre iniciados en el mismo semestre pone de manifiesto que el impulso promotor sigue orientado mayoritariamente hacia el segmento sin restricciones de precio, donde la rentabilidad es mayor y los plazos administrativos, habitualmente, más cortos. Esa dinámica responde a incentivos de mercado que las políticas públicas anunciadas hasta ahora no han logrado invertir de forma significativa.

El anuncio llega, además, en un momento en que la tensión en el mercado residencial es especialmente aguda en grandes ciudades y zonas turísticas, con Barcelona y su área metropolitana como uno de los epicentros del problema. En ese contexto, los 13.942 pisos protegidos iniciados en todo el territorio nacional — sin desglose por comunidades autónomas — suponen un volumen que difícilmente puede considerarse proporcional a la magnitud de la demanda insatisfecha.