El Parlament de Catalunya aprobará una nueva ley de memoria democrática que establece un plazo máximo de un año para la retirada del monumento franquista de Tortosa, uno de los símbolos más visibles del régimen que aún permanece en pie en el territorio catalán. El texto cuenta con el respaldo de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, una mayoría amplia que abarca desde la izquierda federalista hasta el independentismo de distintas tendencias.

La norma incluirá un régimen sancionador específico para quienes enaltezcan el franquismo, con multas que podrán alcanzar los 250.000 euros en los casos más graves. Se trata de la herramienta punitiva más severa que Catalunya habrá aplicado en materia de memoria histórica, y su alcance concreto dependerá del reglamento de desarrollo que apruebe el Govern.

El monumento de Tortosa, un debate recurrente

El conjunto escultórico de Tortosa, conocido popularmente como «El Monumento», fue erigido durante la dictadura franquista y lleva años en el centro de la controversia política y social en la ciudad del Ebre. Diversos consistorios y entidades cívicas han reclamado en repetidas ocasiones su retirada, sin que hasta ahora existiera un marco legal autonómico que obligara a ello con un plazo determinado. La nueva ley vendría a cerrar ese vacío, fijando una fecha límite concreta a partir de su entrada en vigor.

La amplitud del acuerdo parlamentario que sostiene la iniciativa —que reúne a partidos con posiciones muy distintas sobre el modelo territorial— subraya el consenso transversal en torno a la eliminación de los últimos vestigios simbólicos del franquismo en espacios públicos de Catalunya. No obstante, la aplicación efectiva de las sanciones y el cumplimiento del plazo de un año quedarán en manos de la administración municipal de Tortosa y, en su caso, de la Generalitat de Catalunya como órgano supervisor.