El Consejo de Ministros extraordinario del 13 de noviembre aprobó una nueva convocatoria de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, réplica exacta de la que el Gobierno ya había lanzado en junio. En total, en apenas seis meses, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habrá sacado a concurso mil nuevas plazas para la carrera judicial y cuatrocientas para la fiscalía, una cifra sin precedentes en la historia de la democracia española.

De esas mil plazas de juez, doscientas cincuenta se cubrirán por el denominado cuarto turno: una vía de acceso a la judicatura reservada a profesionales jurídicos —abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, entre otros— con al menos diez años de experiencia acreditada, que no deben superar las oposiciones convocadas para el resto. Los candidatos que superen este proceso se incorporarán a la carrera judicial en 2027, en el caso de las plazas de junio, y en 2028 los de la convocatoria de noviembre.

El volumen de las dos convocatorias conjuntas equivale a cerca del 20% del total de jueces y magistrados en activo, que según los datos del Consejo General del Poder Judicial ascienden actualmente a 5.502. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó la medida en el marco de un Consejo de Ministros de carácter extraordinario habilitado con motivo del periodo electoral.

El cuarto turno, foco de la controversia

El cuarto turno existe en el ordenamiento jurídico español desde hace décadas y su constitucionalidad no está cuestionada. Sin embargo, la decisión de reservarle una de cada cuatro plazas en unas convocatorias de esta magnitud —y de hacerlo en dos oleadas consecutivas en tan poco tiempo— ha avivado el debate sobre la composición ideológica de la judicatura.

Desde el PSOE se viene sosteniendo que el Poder Judicial tiene un sesgo conservador estructural, argumentando que las asociaciones judiciales mayoritarias —la Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria— son de orientación conservadora, mientras que Jueces y Juezas para la Democracia representa una minoría. No obstante, dentro del colectivo existe un bloque de cerca de dos mil jueces no asociados cuya adscripción ideológica resulta difícil de determinar.

El entorno del presidente ha señalado en distintas ocasiones a magistrados que instruyen causas relacionadas con el PSOE, con ex dirigentes del partido o con familiares de Sánchez, investigados o condenados por presunta corrupción en varios procedimientos abiertos. Esa tensión de fondo entre el Ejecutivo y parte de la judicatura proporciona el contexto en el que se enmarcan unas convocatorias que el Gobierno defiende como una respuesta a la carga de trabajo de los tribunales y a la necesidad de reforzar el sistema judicial.