Claves
- La UCO certifica que una empresa de Aldama pagó 220.498 euros por la vivienda de Corvillo sin que conste pago a cambio
- El atestado califica el alquiler de posible 'contraprestación en especie' por participar en la organización criminal
- Corvillo es señalado como enlace entre Aldama y el ex ministro Ábalos, al que llamaba 'el jefe'
- El hermano de Corvillo también habría recibido un vehículo de Aldama sin contrato ni pago rastreables
Un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado este martes al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, certifica que Atmosferaudaz Unipessoal Lda, una mercantil portuguesa vinculada a Víctor de Aldama, abonó al menos 220.498 euros entre el 28 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023 por una vivienda en Córdoba donde residía Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez y militante del PSOE. Los investigadores no han encontrado ningún pago de Corvillo a Aldama durante ese período.
El documento de la Guardia Civil califica el inmueble como la «residencia habitual» de Corvillo y su mujer, y apunta que la cesión de la vivienda «podría constituir una contraprestación en especie» vinculada a la participación del socialista en las actividades de la organización criminal investigada. Esta conclusión se sustenta, según el atestado, en conversaciones entre ambos mantenidas entre el 22 de noviembre de 2022 y el 30 de enero de 2023.
Aldama lo negó en televisión, luego mostró un contrato que lo contradecía
Antes de que el atestado se conociera, Aldama había acudido al programa de Ana Rosa Quintana para negar que hubiera financiado la vivienda de Corvillo, calificando de mentira la información publicada previamente. Sin embargo, en el mismo plató mostró un contrato que recogía una prima de 100.000 euros y mensualidades que, según sus propias palabras, sumaban cifras compatibles con los más de 220.000 euros rastreados por los investigadores. Ante la pregunta directa de la presentadora, admitió que Corvillo seguía viviendo en la casa. Como justificación, alegó que no puede ejecutar la opción de compra porque tiene las cuentas embargadas.
La operación, presentada por Aldama como una inversión inmobiliaria —una vivienda de 620.000 euros adquirida a 390.000—, queda descrita por los investigadores en términos más sencillos: una sociedad del comisionista pagaba y un afiliado socialista habitaba el inmueble sin abonar contrapartida alguna.
Corvillo, detenido como enlace entre Aldama y Ábalos
Cristian Corvillo fue arrestado el 5 de noviembre a las 7:30 horas en la puerta de la misma vivienda. El registro posterior, que se prolongó hasta las 15:11 horas, deparó la intervención de 3.600 euros en efectivo, 26 evidencias digitales y tres documentales, entre ellas dos agendas con la serigrafía de ITEA y una libreta con el anagrama «Cervantes» hallada en el sótano. Corvillo, asistido por una letrada del turno de oficio, se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad a las 18:25 horas.
El atestado le atribuye el papel de enlace entre Aldama y el ex ministro José Luis Ábalos, al que se refería como «el jefe». En diciembre de 2022 habría anunciado a Aldama que Ábalos acudiría a una comida y llevaría «bolígrafos», término que la UCO equipara a «fotocopias» y que los agentes interpretan como dinero en efectivo.
Su hermano Rubén Corvillo, también militante socialista, fue detenido el mismo día en otra de las seis actuaciones practicadas en Córdoba, Málaga, Jaén y Valencia. Todos los arrestados quedaron posteriormente en libertad. Según un informe paralelo de la Guardia Civil sobre las vinculaciones entre Aldama y los hermanos Corvillo, Rubén habría obtenido un Volkswagen Touareg adquirido previamente por Aldama a un desguace; el vehículo figura hoy a nombre de Corvillo Energy SL, sociedad que él administra, pero los investigadores no han hallado contrato de venta ni movimiento bancario alguno que acredite la operación.
Las diligencias de la operación se han dirigido a ADIF, ADIF Alta Velocidad y SEITT, entre otras entidades, y afectan a tres contratos públicos que suman casi 36 millones de euros.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.