La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa por la entrada masiva e irregular en Ceuta procedente de Marruecos, ha ordenado al Ministerio de Defensa que informe sobre la eventual presencia de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a la ciudad autónoma durante el período comprendido entre el 29 de julio y el 10 de agosto.

En el auto en el que adopta esta decisión, la magistrada advierte que, hasta ahora, no existe ningún elemento objetivo que permita afirmar que una posible presencia naval marroquí en esas aguas tuviera participación, intervención o relación causal con los hechos que motivaron la apertura de las diligencias. Tampoco consta dato alguno que vincule a eventuales unidades de la Armada del Reino de Marruecos con la organización, facilitación o ejecución del salto masivo de la frontera.

Qué se le pide concretamente a Defensa

La juez formula varias preguntas precisas al ministerio. En primer lugar, si durante el intervalo señalado se produjeron entradas, estancias o tránsitos de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas y, de ser así, en qué fechas y franjas horarias. En segundo lugar, si esa intrusión generó algún tipo de reacción por parte de buques de la Armada española u otras unidades militares nacionales, con identificación de las naves implicadas.

Tardón solicita también que se le entreguen las grabaciones que pudieran existir de esas supuestas estancias y, por último, pide que se le comunique si desde el 10 de agosto hasta la fecha se ha vuelto a registrar alguna incursión de buques marroquíes en las mismas aguas y en qué circunstancias.

La magistrada justifica estas diligencias en que tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han admitido públicamente la existencia de dicha intrusión, lo que a su juicio obliga a constatar de forma oficial y documentada si se produjo y en qué términos.

Rechazo de las diligencias pedidas por la acusación

En el mismo auto, Tardón rechaza las diligencias solicitadas por la acusación Iustitia Europa al considerarlas desproporcionadas, aunque sí acuerda practicar otras actuaciones que juzga concretas y proporcionadas para esclarecer los hechos. La resolución traza así una distinción entre la necesidad de investigar y la de no extralimitarse con medidas de mayor alcance que no estarían justificadas por lo que consta hasta ahora en el procedimiento.