El Gobierno de Marruecos ha dado un paso diplomático de calado al reclamar formalmente a España la repatriación de los menores no acompañados —conocidos como MENA— que se encuentran en territorio español. El ministro de Justicia marroquí se puso en contacto directo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para exigir una respuesta inmediata a una situación que Rabat considera urgente y que lleva meses generando tensión política y social en varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña.

En su comunicación, el titular de Justicia marroquí fue explícito: «No estamos dispuestos a abandonar a sus niños, jóvenes y adolescentes», una declaración que, lejos de ser un gesto de cooperación, supone una presión directa sobre Madrid para que articule mecanismos concretos de retorno. El uso del posesivo —«sus niños»— refleja la posición de Rabat: estos menores son responsabilidad de España mientras permanezcan en su territorio, pero Marruecos los reivindica como propios y exige participar en la gestión de su situación.

Un debate político que desborda la capacidad de acogida

La llegada masiva de menores no acompañados procedentes de Marruecos ha saturado los sistemas de acogida de varias comunidades autónomas. Canarias concentra el grueso de la presión, pero Cataluña también acumula una cifra significativa de MENA bajo tutela de la Generalitat, cuya gestión ha sido objeto de críticas reiteradas por la falta de recursos, la precariedad de los centros y las dificultades de integración. El Govern ha reclamado al Estado una mayor implicación financiera sin que, hasta ahora, se hayan adoptado medidas estructurales de calado.

El contacto marroquí con Bolaños pone sobre la mesa una vía que el Gobierno español ha explorado con escaso éxito en el pasado: los acuerdos bilaterales de retorno. España y Marruecos tienen firmados convenios de readmisión, pero su aplicación práctica ha sido mínima cuando se trata de menores, dada la complejidad jurídica que rodea la repatriación de personas no adultas y las exigencias del ordenamiento internacional de protección de la infancia.

La presión de Rabat, en un contexto de relación bilateral frágil

El movimiento diplomático marroquí no es neutro. Rabat ha utilizado en el pasado el control de los flujos migratorios como herramienta de presión frente a Madrid —el episodio de Ceuta en mayo de 2021 es el ejemplo más crudo—, y este nuevo requerimiento llega en un momento en que la relación bilateral, aunque formalmente normalizada tras la crisis de ese año, sigue siendo susceptible a tensiones. Que el contacto se produzca a nivel ministerial y con el tono de una exigencia, y no de una propuesta de colaboración, dice mucho sobre la orientación que Marruecos quiere dar al asunto.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la gestión de los MENA es uno de los flancos más expuestos políticamente. La negativa del PSOE a apoyar el reparto obligatorio entre comunidades autónomas que solicitaban el PP y otros partidos dejó al Ejecutivo en una posición incómoda, y la reclamación marroquí añade una presión exterior que dificulta aún más eludir decisiones concretas.