El coste de la vida en España se ha disparado en septiembre hasta el 4,9% interanual, la tasa más elevada desde febrero de 2023, según los datos adelantados del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El principal factor detrás de este repunte es el encarecimiento de los carburantes, que se ha acelerado a raíz del alza del precio del petróleo provocada por la escalada del conflicto bélico en Irán.

La gasolina, que había dado cierto respiro a las familias durante los meses anteriores, vuelve a convertirse en el vector inflacionista más agresivo. La transmisión del precio del crudo a los surtidores españoles se ha producido con una rapidez que ha sorprendido a los analistas, y que coloca a los hogares ante una erosión del poder adquisitivo especialmente intensa en el arranque del último trimestre del año.

Un repunte que rompe la tendencia de moderación

El dato de septiembre supone un giro brusco respecto a la senda de moderación que el IPC había mantenido durante buena parte de 2024 y los primeros meses de 2025. La economía española llegó a registrar tasas cercanas al 2% en algunos meses, lo que generó expectativas de que la presión sobre los precios quedaba atrás. El rebrote del conflicto en Oriente Medio y su impacto directo sobre los mercados energéticos globales han vuelto a poner en entredicho esa estabilización.

Para las familias, el efecto es inmediato y tangible: llenar el depósito del coche, el precio de la calefacción de gasóleo o los costes de transporte de mercancías —que tarde o temprano se trasladan al precio final de los productos en el supermercado— vuelven a crecer a ritmos que no se veían desde hace más de dos años. En un contexto en el que los salarios reales todavía no han recuperado del todo el terreno perdido en el ciclo inflacionista anterior, este nuevo episodio tensiona aún más la capacidad de gasto de los hogares de renta media y baja.

La dependencia energética del exterior, de nuevo en el centro

El episodio pone de relieve, una vez más, la elevada vulnerabilidad de la economía española a las oscilaciones del precio internacional del petróleo. España importa prácticamente la totalidad del crudo que consume, lo que significa que cualquier perturbación geopolítica en las regiones productoras se traduce, casi sin amortiguación, en inflación doméstica. Las medidas de alivio fiscal sobre los carburantes que el Gobierno aplicó en etapas anteriores de tensión energética —y que posteriormente retiró de forma progresiva— no están sobre la mesa en este momento, al menos no de forma explícita.

El IPC de septiembre que el INE publicará en su versión definitiva en las próximas semanas confirmará o matizará este dato adelantado, pero la dirección del indicador ya dibuja un escenario exigente para el cuarto trimestre: con el invierno energético por delante y el conflicto en Irán sin visos de resolución a corto plazo, la presión sobre los precios de la energía difícilmente se disipará de forma espontánea.