Los líderes de República Checa, Austria y Dinamarca han aprovechado su llegada al Consejo Europeo de este viernes para dirigir críticas directas o veladas a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, en particular a la regularización extraordinaria de inmigrantes, que varios de ellos vinculan con la crisis vivida recientemente en Ceuta. Al mismo tiempo, los tres han reclamado a la Comisión Europea que adopte una estrategia más restrictiva en el conjunto de la Unión.

El primer ministro checo, Andrej Babiš, fue el más tajante. Acusó a varios gobiernos europeos, España entre ellos, de estar dispuestos a «sustituir a la población» con el único fin de «mantenerse en el poder», y advirtió de que su país podría verse obligado a reforzar sus fronteras para impedir la llegada de inmigrantes procedentes de otros Estados miembro si la situación continúa. «Para algunos de esos países ya es demasiado tarde», afirmó, al tiempo que extendió sus críticas a Países Bajos, Suecia y Berlín por distintas cuestiones relacionadas con la integración. Preguntado sobre los centros de retorno en terceros países que impulsan varios socios europeos, Babiš evitó concretar si República Checa participará, aunque defendió medidas como la confiscación de bienes a redes de tráfico de personas y la destrucción de embarcaciones vacías.

Austria vincula la regularización de Sánchez con la crisis de Ceuta

El canciller austríaco, Christian Stocker, fue más directo en la conexión con los hechos recientes en el enclave español. Calificó la regularización de inmigrantes promovida por el Ejecutivo español de «mala señal» en un momento en que la UE trata de endurecer el control de fronteras, y sugirió que esa decisión pudo contribuir a la llegada masiva de personas a Ceuta: «Independientemente de que exista o no una relación directa, no sé si lo ocurrido en Ceuta habría sucedido sin esa señal», declaró. Stocker celebró además el anuncio de Ursula von der Leyen de preparar una propuesta que permita a los Estados miembro suspender la tramitación de solicitudes de asilo en situaciones excepcionales, y afirmó que el bloque de países partidarios de una política migratoria más estricta ya agrupa a «la mayoría» de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialista como Sánchez, también cuestionó la regularización sin mencionar a España por su nombre. Pidió a la Comisión Europea que analice las consecuencias de que un país «actúe prácticamente en contra de lo que hacemos los demás» y preguntó si no vulnera la política comunitaria que «una persona que entra ilegalmente en un país pueda, de repente, obtener un permiso para permanecer allí». Frederiksen reclamó que Bruselas examine esa cuestión con detalle.

Países Bajos exige a Italia cumplir las normas de Dublín

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, orientó sus críticas en otra dirección: exigió a la Comisión que obligue a los Estados miembro a aplicar el Reglamento de Dublín, que fija qué país debe tramitar cada solicitud de asilo, y señaló a Italia por llevar «años» incumpliéndolo. Destacó que Von der Leyen había reconocido que el Pacto Migratorio solo funciona si se respetan todos sus elementos, incluido Dublín, y que Italia tiene obligaciones al respecto. La presidenta de la Comisión Europea ha confirmado que presentará una propuesta para dotar a los gobiernos de nuevas herramientas ante situaciones de presión migratoria extraordinaria, como la que se vivió en Ceuta.