Ceuta vivió una multitudinaria protesta ciudadana un mes después de que miles de personas procedentes de Marruecos cruzaran masivamente la frontera de la ciudad autónoma. Según la cifra oficial de la delegación del Gobierno español, unas 20.000 personas tomaron las calles para reclamar medidas contundentes frente a la inmigración irregular y para exigir responsabilidades políticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que los manifestantes consideran directamente responsable de la gestión de la crisis.

Las consignas que resonaron durante la movilización no dejaban lugar a la interpretación: «invasors, expulsió», «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa» y «Ceuta és Espanya» marcaron el tono de una concentración que combinó el rechazo a la inmigración irregular con una reivindicación clara de la españolidad de la ciudad y de la obligación del Estado de defender su integridad territorial.

Un mes de tensión acumulada desde la entrada masiva

La manifestación se celebra exactamente un mes después del episodio de entrada masiva que puso a Ceuta en el centro del debate político nacional. Aquella crisis puso en evidencia las dificultades del Gobierno central para gestionar una presión migratoria que tiene en Marruecos a un actor con capacidad de instrumentalizar los flujos fronterizos con fines políticos y diplomáticos. La respuesta ciudadana de este martes refleja que la tensión social en la ciudad autónoma no se ha disuelto con el paso de las semanas, sino que ha cristalizado en una demanda organizada de actuación.

La convocatoria reunió una marea de banderas españolas y de la ciudad autónoma, lo que subraya el carácter profundamente identitario y constitucionalista de la protesta. Los manifestantes no solo cuestionaron la política migratoria del Ejecutivo, sino también la percepción de que el Gobierno central había cedido capacidad de presión a Rabat en detrimento de los intereses de los habitantes de Ceuta.

La magnitud de la movilización —20.000 personas en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes equivaldría proporcionalmente a una de las manifestaciones más grandes que podría vivir cualquier capital española— convierte este acto en una señal política de primer orden que el Gobierno de Sánchez difícilmente puede ignorar.