La juez María Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, ha dado un plazo improrrogable de tres días hábiles al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional para que le remita con carácter urgente todas las alertas, informes, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva en Ceuta, ocurrida los días 30 y 31 de julio de 2026.

La providencia especifica que la documentación requerida debe abarcar el período comprendido entre el 20 de julio y el 7 de agosto, es decir, los diez días anteriores a la avalancha y la semana posterior. Además, la magistrada exige que se identifique a los destinatarios de cada alerta, la fecha y hora exacta de su recepción y las medidas concretas adoptadas como respuesta, con el objetivo de reconstruir con precisión la cadena de mando y de información que precedió a los hechos.

Una instrucción que se amplió en septiembre a otras instituciones

Este requerimiento no es el primero. El pasado 16 de septiembre, la juez Tardón ya había dictado un auto en el que extendía una petición similar a otras unidades de la Policía Nacional, varios servicios de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno en Ceuta y el propio Ministerio del Interior. La nueva providencia reitera y concreta esa orden específicamente al centro de comunicaciones policial, con un plazo cerrado y sin posibilidad de prórroga.

En aquel auto de septiembre, la instructora calificó la diligencia de «particular relevancia» para «reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado». La Fiscalía formuló esa petición, que el juzgado asumió íntegramente.

Ochenta y tres muertos y entre 75.000 y 85.000 entradas irregulares

La causa investiga la entrada irregular desde Marruecos de entre 75.000 y 85.000 personas en la ciudad autónoma de Ceuta, según las cifras recogidas en la resolución de septiembre. La misma resolución dejaba constancia de ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos, una cifra que subraya la gravedad de lo ocurrido y que ha motivado el interés de la Audiencia Nacional en asumir competencia sobre la investigación.

Entre los testigos calificados como «prioritarios» por la magistrada figuran el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el responsable de la Policía Local en aquellas fechas; y quien entonces dirigía el Gabinete del delegado del Gobierno. También se requirió al director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que aportara los mensajes emitidos o recibidos en relación con la crisis migratoria.

El 11 de septiembre, Tardón ya había remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta su auto de asunción de competencia para explorar la posibilidad de unificar en un solo procedimiento ante la Audiencia Nacional la investigación que ese juzgado tramitaba tras una denuncia contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.