La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la ley de amnistía ha desatado una cascada de relatos políticos dispares. El Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de la Generalitat coincidieron ayer en presentar la decisión europea como la clausura definitiva de la «crisis política» entre Catalunya y el Estado, revalidando así la estrategia de negociación bilateral que ambos ejecutivos han sostenido durante los últimos años.

La convergencia de mensajes entre La Moncloa y el Palau de la Generalitat no es casual: tanto el Govern como el Ejecutivo central llevan meses construyendo un discurso compartido de «reconciliación» que ahora encuentran ratificado, al menos parcialmente, por la justicia europea. Para ambos gobiernos, el fallo del TJUE cierra un ciclo y les permite presentarse ante sus respectivos electorados como artífices de una salida negociada al conflicto institucional.

El independentismo marca distancias con el relato oficialista

Sin embargo, el independentismo no comparte ese optimismo. Pese a celebrar la decisión del tribunal europeo como un reconocimiento de sus tesis —que la persecución penal de los líderes del procés fue desproporcionada—, las formaciones soberanistas advierten de que la aprobación de la amnistía no equivale al fin de lo que denominan «represión». En su lectura, quedan pendientes causas judiciales, inhabilitaciones y consecuencias políticas que la ley no cubre en su totalidad.

Este matiz es relevante porque deja al descubierto las costuras de la operación política que sustenta los pactos de investidura: Sánchez necesita al independentismo en el Congreso, pero el relato triunfalista que el Gobierno despliega tras el fallo europeo no siempre encaja con las demandas concretas que ERC y Junts mantienen sobre la mesa. La «crisis» que Madrid da por cerrada es, para buena parte del soberanismo, un proceso aún abierto.

Un fallo que cada parte usa a su medida

Lo que la jornada posterior a la sentencia deja en evidencia es la capacidad de todos los actores para apropiarse del mismo hecho judicial con conclusiones opuestas. El Govern de Salvador Illa —que ha situado la normalización de las relaciones con el Estado en el centro de su proyecto— ve en el aval del TJUE una legitimación de su posición de puente. Sánchez, por su parte, lo utiliza para blindar una decisión legislativa que sigue siendo cuestionada por amplios sectores judiciales y políticos en España.

Lo que no resuelve la sentencia europea es el debate de fondo sobre la conveniencia de una ley diseñada específicamente para beneficiar a los líderes de un proceso político determinado. El TJUE se pronunció sobre compatibilidad con el derecho comunitario, no sobre la oportunidad o la equidad de la medida. Ese debate político seguirá abierto con independencia de lo que digan los tribunales.