La Comisión Europea ha lanzado una amonestación formal a España en su informe anual sobre el estado de derecho, señalando que el país ha avanzado de forma «limitada» o «escasa» en varios de los pilares básicos de la lucha anticorrupción. El documento de Bruselas identifica carencias concretas en la regulación de los conflictos de interés, en el control del lobbismo y en la transparencia exigida a cargos públicos y altos funcionarios a la hora de declarar su patrimonio.

El tirón de orejas llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que afronta una acumulación de escándalos que rozan su entorno más inmediato. Lejos de tratarse de una crítica genérica al sistema institucional español, el informe europeo pone el foco precisamente en las áreas donde la presión de la opinión pública sobre el Gobierno es más intensa.

El Plan Anticorrupción no convence a Bruselas

La Comisión reconoce la existencia del Plan Anticorrupción impulsado por el Gobierno central, pero su valoración dista de ser un respaldo. Bruselas lamenta que las medidas previstas en ese plan no se hayan traducido en progresos tangibles en los aspectos más sensibles: los mecanismos para evitar que los intereses privados interfieran en las decisiones públicas siguen sin reforzarse de manera efectiva, y la regulación de quiénes y cómo pueden ejercer presión sobre las instituciones continúa siendo insuficiente según los estándares europeos.

En materia de declaración de bienes, el informe constata que los avances son igualmente magros. La obligación de que dirigentes y altos funcionarios rindan cuentas de forma completa y verificable sobre su patrimonio —uno de los instrumentos más básicos para detectar enriquecimientos ilícitos— no ha mejorado de forma sustancial respecto a evaluaciones anteriores.

El contraste entre el discurso del Gobierno, que ha hecho de la lucha contra la corrupción un argumento recurrente frente a la derecha, y el diagnóstico independiente de la institución comunitaria resulta difícil de ignorar. Bruselas no actúa movida por consideraciones políticas internas españolas; sus informes sobre el estado de derecho aplican los mismos criterios a todos los Estados miembros y constituyen uno de los instrumentos de supervisión más objetivos disponibles.