Donald Trump ingresó al menos 2.200 millones de dólares en 2024, su primer año de regreso a la presidencia de los Estados Unidos. La cifra contrasta con los 622 millones que acumulaba antes de recuperar el cargo, una diferencia que los críticos atribuyen directamente al uso de la presidencia para beneficio propio. De esos ingresos, unos 1.400 millones proceden de negocios relacionados con criptomonedas en los que Trump aplicó políticas públicas favorables a esos activos mientras obtenía rendimientos de los mismos.

La situación no tiene precedentes claros en la historia moderna de la presidencia estadounidense. Lindsay M. Chervinsky, historiadora y directora ejecutiva de la Biblioteca Presidencial George Washington en Mount Vernon, recuerda que a lo largo de la historia el cargo público ha sido una fuente de deudas, no de ingresos, y que la gran mayoría de presidentes anteriores evitaron cualquier apariencia de conflicto de intereses o enriquecimiento personal durante el ejercicio del poder.

Los hijos de Trump, en negocios con contratistas militares y minería federal

El patriarca no es el único miembro de la familia que ha aprovechado el contexto de la presidencia. Sus hijos mayores, Eric y Donald Jr., han realizado inversiones recientes en empresas contratistas del sector de defensa, en compañías de mercados de predicción y en proyectos mineros orientados a captar fondos federales para extraer minerales críticos. La familia argumenta que la separación formal entre el presidente y los negocios de sus descendientes descarta cualquier conflicto de intereses.

Ese argumento resulta difícil de sostener cuando las decisiones de política industrial, energética o financiera del Gobierno federal pueden afectar directamente a la rentabilidad de esas inversiones. El análisis del New York Times, recogido por el diario Ara, dibuja una administración en la que las fronteras entre el interés público y el privado se han difuminado de forma sistemática y a una escala sin precedentes en la historia reciente de Washington.

El contraste con otros líderes occidentales es llamativo: ni Pedro Sánchez ni Emmanuel Macron han multiplicado su patrimonio durante su mandato, y en cualquier democracia europea una situación similar desencadenaría una crisis institucional inmediata. En Estados Unidos, la falta de mecanismos legales que obliguen a los presidentes a separarse de sus negocios ha dejado la cuestión en el terreno de la convención y la presión política, dos herramientas que Trump ha ignorado de forma constante desde su primer mandato.