La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha imputado a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, en el marco de la investigación sobre el asalto masivo a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio de 2021, cuando más de 80.000 personas cruzaron desde Marruecos en cuestión de horas. Tardón le ha citado para prestar declaración como investigado el próximo 18 de noviembre, según fuentes jurídicas.

Pérez Triano se convierte así en el primer imputado de esta causa, que trata de determinar si aquella entrada masiva e irregular pudo constituir un delito contra la integridad territorial de España. La jueza llegó a él después de incorporar al procedimiento varias declaraciones testificales, así como informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y el propio Gobierno de Ceuta.

La alerta del CNI que Pérez Triano negó haber recibido

El elemento central de la imputación gira en torno a una comunicación del CNI enviada a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, víspera del asalto. En ese mensaje, los servicios de inteligencia advertían de que en dos grupos de Facebook con un total de 180.000 seguidores circulaba un llamamiento explícito para un «asalto» por valla y mar el día 30, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos. A las 21:34 horas de ese mismo día se produjo además una conversación telefónica de once minutos entre el CNI y la Delegación.

Pérez Triano negó públicamente en su momento haber tenido conocimiento de ninguna alerta previa. Sin embargo, su propio jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, contradijo esa versión al declarar como testigo ante la Audiencia Nacional: Sanz afirmó que las alertas existieron, que se trasladaron al exdelegado a través de un mensaje de WhatsApp remitido por un agente del CNI el día anterior al cruce masivo, y que desde la Delegación se solicitó ayuda al Gobierno central. Esta contradicción entre ambos fue uno de los indicios que motivó la dimisión de Pérez Triano y, según las mismas fuentes jurídicas, ha pesado en la decisión de la jueza de citarle como investigado.

La causa llegó a la Audiencia Nacional después de que Tardón reclamara unas diligencias que ya estaban abiertas en los juzgados de Ceuta, donde se había presentado una denuncia contra Pérez Triano por conductas presuntamente delictivas relacionadas con la gestión de aquella crisis migratoria. Los documentos que el Gobierno desclasificó posteriormente, entre ellos los mensajes de WhatsApp del agente del CNI, forman parte del material en poder de la magistrada.