A pocas horas del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Catalunya han cerrado su última comisión bilateral de la legislatura con un paquete de acuerdos en materia de infraestructuras, lengua y acción exterior. El más destacado es la creación del Órgano Bilateral Aeroportuario Generalitat-Estado, una nueva estructura de composición paritaria que permitirá a la Generalitat participar en la planificación, las inversiones y la estrategia de los cuatro aeropuertos catalanes de interés general: Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell.

El nuevo organismo adoptará sus decisiones por consenso y se presenta como un espacio estable de cooperación, aunque sin implicar transferencia de gestión ni alteración del marco constitucional o estatutario. Su creación responde a uno de los compromisos que Salvador Illa adquirió con Esquerra Republicana de Catalunya durante su investidura como president de la Generalitat: que Catalunya pudiera incidir en las decisiones estratégicas aeroportuarias, lo que ERC ha venido denominando la «gobernanza» del Prat. El modelo es similar al que el País Vasco pactó con el Ejecutivo central el pasado verano.

Rodalies, AP-7 y AP-2, también en el acuerdo

Junto a la cuestión aeroportuaria, la bilateral ha abordado la financiación del servicio de Rodalies mediante un contrato programa entre la Generalitat y Renfe, así como avances en el proceso de traspaso de la línea R1. En materia de carreteras de alta capacidad, los dos gobiernos han acordado inversiones orientadas a mejorar la AP-7 y la AP-2, corredores fundamentales para la movilidad y la economía del conjunto del territorio catalán.

El momento elegido para la convocatoria de esta bilateral no ha pasado desapercibido. La reunión, presidida por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, se ha celebrado en la víspera del arranque oficial de la campaña electoral, lo que ha llevado a varios analistas a subrayar que tanto el Govern como el Ejecutivo central buscan presentar ante los votantes un balance de acuerdos alcanzados bajo dos gobiernos de signo socialista. Algunos de los asuntos acordados llevan meses pendientes de concreción y su impulso en este momento también persigue blindarlos ante un eventual cambio de gobierno tras los comicios.

La bilateralidad Generalitat-Estado es el mecanismo ordinario de coordinación entre ambas administraciones previsto en el Estatut de Autonomia. Su activación ha sido especialmente intensa durante esta legislatura, impulsada en parte por los acuerdos que el PSC necesitó con ERC para garantizar la investidura de Illa en el Parlament.