El Ayuntamiento de Mataró afronta una crisis de transparencia en torno a la reclamación patrimonial de 357,8 millones de euros que la empresa General de Galerías Comerciales, propietaria del centro comercial Mataró Parc, ha presentado contra el consistorio. Junts per Mataró y Esquerra Republicana acusan al gobierno del alcalde socialista David Bote de haber mantenido oculto el asunto durante meses y de continuar negando a los grupos de la oposición el acceso al expediente completo.

La controversia estalló tras la convocatoria de una junta extraordinaria de portavoces sin orden del día en la que el ejecutivo ofreció información que ERC calificó de insuficiente y sin respaldo documental escrito. Los republicanos sostienen que la demanda llegó al consistorio hace meses y que el gobierno incumplió el acuerdo municipal que le obliga a informar a los grupos de los avances en los procedimientos judiciales a medida que estos se producen.

Junts reclama una rendición de cuentas sobre seis años de gestión urbanística

La formación nacionalista centra sus críticas en la gestión acumulada del expediente. Recuerda que un dictamen jurídico encargado por el propio Ayuntamiento en 2018 ya advertía de la necesidad de regularizar la situación urbanística del sector C-1 Cirera Nord, donde se ubica Mataró Parc, y que en marzo de 2019 la alcaldía encargó estudios previos para abordar el futuro planeamiento de la zona. Junts exige que el gobierno explique qué actuaciones concretas se han llevado a cabo desde entonces, qué obstáculos han surgido y qué decisiones siguen pendientes.

Además de la rendición de cuentas sobre el pasado, Junts pide un calendario claro para resolver la situación urbanística y reclama que los criterios técnicos, ambientales y de movilidad que deben guiar cualquier decisión sobre el sector sean públicos y debatidos.

La reclamación, un instrumento de presión según ERC

ERC interpreta la demanda millonaria como una maniobra de la empresa para forzar una modificación del planeamiento que permita ampliar el centro comercial. Los republicanos señalan que la propia empresa ha advertido que la cifra reclamada podría crecer si el Ayuntamiento no aprueba dicha modificación, lo que, a juicio del partido, condiciona la capacidad de decisión del gobierno municipal.

En coherencia con esa lectura, ERC reafirma su rechazo a cualquier ampliación de Mataró Parc y defiende un modelo comercial basado en el pequeño comercio de proximidad, los mercados municipales y los ejes comerciales de los barrios. El partido también pide que el gobierno aclare públicamente en qué criterios se basa para estudiar, como ha indicado, una posible ampliación limitada de la superficie comercial.

El gobierno municipal sostiene que el Ayuntamiento no está obligado a indemnizar a la empresa y que, en todo caso, cualquier crecimiento del centro comercial debería restringirse a unos 11.000 metros cuadrados. El ejecutivo ha subrayado que la reclamación patrimonial no equivale a una condena ni al reconocimiento de ninguna deuda.