Una manifestación convocada para este sábado en Madrid por la plataforma Sociedad Civil Española exigirá que se active el artículo 102 de la Constitución para someter a Pedro Sánchez a juicio político por presunta traición, en respuesta directa a la gestión gubernamental de la crisis en Ceuta. El Partido Popular y Vox han confirmado su adhesión a la marcha, que concentrará el respaldo de más de 200 entidades entre asociaciones, fundaciones, partidos y sindicatos.

La columna de manifestantes arrancará a las 10 horas desde la fuente de Cibeles y recorrerá el centro de la capital por la calle de Alcalá, Gran Vía y la calle de la Princesa, hasta culminar frente a la sede del Gobierno en Moncloa. El recorrido, en una de las arterias más céntricas y simbólicas de Madrid, apunta a una convocatoria con vocación de masas.

El artículo 102 y la distancia entre PP y Vox

La iniciativa de activar el artículo 102 de la Constitución —que regula la responsabilidad penal del presidente del Gobierno y exige que el Congreso debata y vote la acusación antes de que pueda ser juzgado— ha sido impulsada fundamentalmente por Vox. El PP, por su parte, mantiene una posición más cautelosa: ha evitado pronunciarse sobre esta vía constitucional, aunque sí se ha personado en la investigación judicial que sigue la Audiencia Nacional sobre los hechos de Ceuta. Esa diferencia de matiz entre los dos partidos que respaldan la marcha no ha impedido su participación conjunta, pero refleja estrategias distintas ante un mismo hecho.

Un manifiesto que va más allá de Ceuta

El documento que sustenta la protesta no se limita a la crisis territorial de la ciudad autónoma. Recoge también el malestar por la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Henri Parot, condenado por 82 asesinatos a 4.800 años de prisión —calificado en el texto como una muestra del «abismal nivel de ignominia»— y critica con dureza la denominada Ley de Nietos, con referencias explícitas a la posibilidad de adulteración del censo electoral. El manifiesto exige garantías de que los próximos comicios sean «limpios» y que no exista margen alguno para el falseamiento del proceso.

El texto también incluye una demanda de intervención inmediata en Ceuta mediante la «militarización de la plaza» y la expulsión a Marruecos de quienes denomina «invasores», además de alusiones a lo que describe como «ruina económica», deterioro de infraestructuras y baja calidad de la educación pública. El tono del documento es abiertamente rupturista: habla de un «punto de no retorno» y de una situación «existencial» para España.

La convocatoria suma así a la crisis de Ceuta un repertorio amplio de agravios acumulados frente al Gobierno de Sánchez, lo que la convierte en una movilización de carácter general más que en una respuesta acotada a un episodio concreto.