La red ferroviaria catalana acumula más de 400 incidentes relacionados con el robo de cobre en lo que va de 2026, según datos de los Mossos d'Esquadra. El cuerpo policial ha practicado 45 detenciones y ha puesto en marcha el denominado 'Plan Vía', una estrategia que combina vigilancia preventiva, colaboración con Adif y la búsqueda de medidas cautelares judiciales para evitar que los detenidos reincidan.

Del total de incidentes registrados, 34 se han producido en Barcelona y 17 han tenido afectación directa en la circulación de trenes. Aunque la capital concentra solo una parte de los episodios, el volumen de viajeros que depende de esa red hace que su impacto sea especialmente severo: unos pocos metros de cable sustraído pueden traducirse en retrasos y cancelaciones que afectan a cientos de personas.

Perfil oportunista y herramientas básicas

El subinspector Eugeni Tarzuelo, jefe del Área Regional de Transporte Urbano (ARTU), atribuye el repunte de robos al encarecimiento del metal en los mercados internacionales. Según explica, la mayoría de los autores actúan de forma oportunista: conocen los accesos a las vías, saben cómo localizar el material y tienen identificados los gestores de residuos a los que vender el cobre. La operación requiere herramientas básicas de corte y reporta una ganancia modesta al ladrón, pero las consecuencias sobre el servicio ferroviario resultan desproporcionadas respecto al valor del material sustraído.

Las zonas de mayor riesgo en Barcelona se concentran en los tramos al aire libre entre la Estación de França y Sant Martí, y en los accesos hacia Montcada i Reixac. Son puntos donde la infraestructura queda expuesta y los accesos no autorizados resultan más fáciles. Los Mossos trabajan con Adif para detectar esas vulnerabilidades —vallas deterioradas, ausencia de cámaras, accesos sin protección— y corregirlas antes de que se produzca la siguiente sustracción.

Medidas cautelares como herramienta clave

La estrategia policial no termina con la detención. Una de las prioridades del 'Plan Vía' es acreditar los hechos ante el juez con suficiente solidez probatoria para conseguir medidas cautelares: órdenes de alejamiento de las instalaciones ferroviarias, restricciones de acceso a estaciones o tramos concretos, e incluso ingresos en prisión en los casos más graves. Las investigaciones más recientes han permitido lograr dos ingresos en prisión. Tarzuelo advierte de que sin esas medidas, los reincidentes tienden a volver a actuar. Ya hay personas con prohibición de acceder a cualquier estación o vía de Adif en toda España.

El mando señala que desde mediados de septiembre se aprecia una reducción de los incidentes con afectación directa en la circulación, que atribuye tanto al despliegue policial como a las medidas adoptadas contra los autores más activos. Para ilustrarlo, cita dos actuaciones concretas cuyos resultados —un encarcelamiento y una orden de alejamiento, respectivamente— coincidieron con una caída drástica de las incidencias en las zonas donde operaban esos individuos.