La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en su disputa con el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados instalado en la finca de La Cantueña. La resolución, conocida esta semana, estima íntegramente la demanda del Gobierno regional, reconoce la propiedad exclusiva de la Comunidad sobre el inmueble y condena en costas al consistorio socialista, que acumula así una cadena de fracasos judiciales en su intento de bloquear el proyecto.

Desde su apertura en octubre de 2024, el centro ha atendido a 632 menores. La sentencia despeja definitivamente cualquier margen de maniobra al Ayuntamiento de Fuenlabrada para interferir en las competencias autonómicas de tutela y protección de menores, competencias que, recuerda el tribunal, corresponden en exclusiva a la Comunidad de Madrid.

Dos años de batallas judiciales perdidas por el alcalde Ayala

El alcalde Javier Ayala inició su ofensiva contra el centro en el momento en que la Comunidad anunció su intención de acondicionar la finca, que llevaba más de veinte años en desuso. El 20 de marzo de 2024, La Cantueña fue adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, y el 1 de abril se acordó la tramitación de emergencia de las obras. Desde ese momento, el Ayuntamiento desplegó todos los instrumentos jurídicos y administrativos a su alcance para frenar el proyecto.

En julio de 2024, la Junta de Gobierno local intentó revertir de manera unilateral la cesión del espacio a la Comunidad, argumentando que el convenio firmado en 1999 contemplaba un uso ambiental del enclave en beneficio de los vecinos. El consistorio también aprobó un decreto que suspendía las obras. Ninguna de las dos iniciativas prosperó: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid acordó medidas cautelares que dejaron sin efecto el decreto municipal, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto por el ayuntamiento. Pese a esas resoluciones, el consistorio llegó a precintar el recinto de las obras, una actuación que tampoco logró paralizar el proyecto.

El doble discurso de la izquierda, en el centro del debate

La posición de Ayala generó una profunda incomodidad en las filas del socialismo madrileño. Su rechazo frontal a acoger un centro de menores migrantes en su municipio chocaba con el discurso de solidaridad que el PSOE sostiene habitualmente en materia de inmigración. La tensión llegó a aflorar públicamente en 2024, cuando el propio Ayala reprochó al entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, su silencio ante la controversia. La Comunidad de Madrid aprovechó esa contradicción para señalar la brecha entre el discurso y la práctica de una izquierda que, según el Gobierno regional, demostraba con hechos que no deseaba a menores inmigrantes en sus localidades.

La trayectoria política de Ayala añade otra capa de significado al episodio. Figura de peso en el socialismo madrileño —intentó sin éxito hacerse con la secretaría general del partido en 2021—, fue fichado a finales de 2024 para la Ejecutiva federal del PSOE, en plena controversia por La Cantueña. Su incorporación a la dirección nacional no ha evitado que su gestión municipal en este asunto quede jurídicamente desautorizada.

La Comunidad de Madrid impulsó el centro de La Cantueña aduciendo el incremento de la presión asistencial derivada de la llegada de menores no acompañados y la falta de respuesta del Gobierno central ante la crisis migratoria. Con la sentencia ahora firme, el proyecto queda consolidado y el coste judicial de haberlo combatido recae íntegramente sobre las arcas municipales de Fuenlabrada.