El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aprobado una dotación de 435.011 euros de dinero público para sostener la cafetería de su sede en la calle Pío Baroja de Madrid, un local cuya clientela se ha desplomado hasta niveles irrisorios como consecuencia directa de la política de teletrabajo impulsada por el propio Gobierno. El nuevo contrato, que arrancará el 1 de septiembre de 2026 y contempla tres prórrogas anuales, eleva en un 47% la subvención que el Estado abona a la empresa concesionaria.

La paradoja es mayúscula: un ministerio que ha promovido activamente el trabajo a distancia como conquista laboral debe ahora rescatar con fondos estatales un servicio de restauración colectiva que se ha quedado sin usuarios precisamente por esa misma política. El propio documento interno reconoce sin ambages que la inviabilidad del negocio se debe «sobre todo al trabajo a distancia».

Un comedor con 210 empleados teóricos y 15 clientes reales

Sobre el papel, en el edificio de Pío Baroja trabajan 177 funcionarios del ministerio distribuidos en diez unidades, más otros 33 empleados de empresas externas. Un universo teórico de 210 potenciales comensales. Sin embargo, el contrato vigente ya se diseñó asumiendo una demanda máxima de 50 menús en días centrales de la semana y apenas ocho los lunes y viernes. La realidad ha sido aún peor: en el mejor de los días, el local despacha entre 15 y 20 comidas, y los extremos de la semana registran entre dos y siete menús.

Ese hundimiento se ha traducido en pérdidas superiores a los 16.000 euros para la actual adjudicataria, Aitama Colectividades S.L., que firmó el contrato en febrero de 2025 por apenas 54.000 euros anuales sin IVA. Los ingresos reales por ventas apenas alcanzaron los 29.400 euros, mientras los gastos fijos —nóminas, materias primas y limpieza— superaron los 99.500 euros.

La Administración asume el riesgo que la ley prohíbe transferir al Estado

Para sostener el servicio, el equipo de la vicepresidenta segunda ha recurrido a una ingeniería jurídica que merece atención. La Oficialía Mayor argumenta que el contrato no puede tramitarse como una «concesión de servicios» —modalidad que legalmente obliga a que sea la empresa quien asuma el riesgo empresarial— porque se sabe de antemano que el negocio es deficitario. Al reencuadrarlo como un simple «contrato de servicios», la Administración absorbe las pérdidas estructurales. Además, el pliego fija un beneficio industrial garantizado del 9% —frente al 6% habitual en contratos de este tipo— para atraer licitadores dispuestos a hacerse cargo de dos trabajadores subrogados cuyos salarios conjuntos superan los 50.000 euros anuales.

Con la nueva subvención anual de 79.338 euros, los ingresos totales de la futura adjudicataria superarán los 108.700 euros, lo que le garantiza un margen positivo de unos 9.186 euros al año. En la práctica, el contribuyente financia que exista un cocinero y un camarero disponibles para un puñado de funcionarios que mayoritariamente trabajan desde casa.

Precios intervenidos y menú de diseño en un comedor casi desierto

El pliego técnico del ministerio establece además un control exhaustivo sobre los precios y los estándares del servicio. El desayuno queda tasado en 2,50 euros y el menú completo —primero, segundo, postre y pan— en 6,00 euros. La carta incluye botella de vino Rioja por 7,50 euros y Valdepeñas por 6,70. Las exigencias de calidad no son menores: uso exclusivo de aceite de oliva, prohibición de fritos congelados más de una vez por semana, prioridad del agua del grifo en jarra frente al plástico y penalización del sobreenvasado de alimentos.

Para que todo ello sea viable, el Estado asume además el coste íntegro de la climatización, la electricidad, el agua y la maquinaria del local. El erario público no solo garantiza la cuenta de resultados de la empresa: también paga las facturas de los suministros. El resultado es un comedor de funcionarios con costes de club privado y ocupación de cafetería de pueblo en declive.

La noticia llega en un momento de ostensible debilidad política de Yolanda Díaz, cuyo proyecto Sumar atraviesa una crisis interna de fondo y cuya continuidad al frente del ministerio más allá de las próximas elecciones se da por incierta en los propios círculos de la izquierda. Esa fragilidad no ha impedido, en todo caso, que su departamento blindara con fondos públicos un servicio cuya existencia refleja, con una coherencia incómoda, las consecuencias prácticas de las políticas que ese mismo ministerio ha impulsado.