La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis de Ceuta derivó rápidamente hacia un debate sobre el modelo competencial del Estado. Junts, Bildu y el PNV aprovecharon el momento para exigir al Gobierno central que traspase a Catalunya y al País Vasco las competencias en materia de inmigración, aprovechando el malestar generado por la situación en la ciudad autónoma.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue la primera en plantear la demanda de forma explícita en la tribuna del Congreso. En esencia, su argumento fue que Catalunya no tendría que cargar con las consecuencias de decisiones tomadas en Madrid. ERC, aunque no realizó ninguna referencia directa a esta cuestión durante la sesión, también respalda esa transferencia de competencias, según la información disponible.

Una reclamación histórica que resurge al calor de la crisis

La petición de competencias en inmigración no es nueva en el argumentario de los partidos independentistas catalanes ni del nacionalismo vasco. Sin embargo, la crisis de Ceuta —con las imágenes de llegadas masivas y la presión sobre los servicios de acogida— les ha ofrecido un contexto políticamente propicio para relanzarla ante la opinión pública y ante el propio Gobierno, del que tanto Junts como el PNV son socios parlamentarios clave.

El planteamiento de fondo que comparten estas formaciones es que las comunidades con mayor capacidad de gestión y recursos propios deberían tener autonomía para diseñar y aplicar su propia política migratoria, en lugar de quedar subordinadas a las decisiones del Ejecutivo central. Una tesis que, más allá de su viabilidad jurídica y constitucional, reabre el debate sobre los límites del Estado autonómico en materias que hasta ahora han sido reserva exclusiva del Estado.

La aritmética parlamentaria, detrás de la presión

No es un detalle menor que las tres formaciones que han protagonizado esta ofensiva —Junts, Bildu y PNV— sean precisamente partidos cuyo apoyo resulta imprescindible para que el Gobierno de Sánchez mantenga su mayoría en el Congreso. Eso convierte esta demanda en algo más que un posicionamiento retórico: es una palanca de negociación en toda regla, planteada además en un momento en que el Ejecutivo se encuentra en una posición defensiva por su gestión de la emergencia en Ceuta.

El Gobierno no se pronunció de forma concreta sobre esta petición durante la sesión. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto Sánchez estará dispuesto a explorar fórmulas de delegación o convenios en materia migratoria para mantener contentos a sus socios, y qué coste político tendría esa cesión ante el resto del arco parlamentario y ante la opinión pública española.