Una sucesión de hechos con fecha, número de expediente y beneficiarios identificables ha puesto en el punto de mira a Misericordia Chamorro, concejal de Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, municipio gobernado por una coalición de IU, Más Madrid, Verdes Equo y PSOE. La oposición, encabezada por el Partido Popular —que ganó las últimas elecciones pero no pudo formar gobierno ante la mayoría conjunta de la izquierda—, denuncia indicios de conflicto de intereses, vulneración de los principios de integridad pública y posible fraude de ley.

El episodio más reciente y llamativo se produjo en junio de este año. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil con fecha de asiento del 5 de junio, Chamorro transmitió su participación del 50% en la sociedad Jamiche Republic Food S.L. a favor de su pareja, José María San Juan de la Madriz, que pasó a ser el único socio. Apenas 48 horas después, esa misma sociedad presentó oferta a la licitación municipal 9467/2026 para la concesión del servicio de hostelería y restauración del Centro de Recursos Educativos para Adultos. El 11 de junio la Mesa de Contratación abrió las plicas —Jamiche Republic Food concurrió junto a HAIFER1803 S.L.— y el 16 de junio fue admitida al cumplir los requisitos de solvencia. El 24 del mismo mes, la empresa retiró voluntariamente su oferta.

El resultado práctico fue que Jamiche Republic Food no obtuvo ningún contrato. Sin embargo, la secuencia —transmisión de participaciones, presentación de oferta, admisión y retirada— no ha satisfecho a la oposición, que considera que la maniobra apunta a un intento de eludir la incompatibilidad que habría afectado a la edil si su sociedad hubiera contratado con el ayuntamiento en el que ella ejerce funciones de gobierno.

La socia del marido de la concejal, adjudicataria de varios contratos municipales

El caso de Jamiche Republic Food no es el único vínculo que la oposición traza entre la concejal y el tejido empresarial que ha resultado beneficiado por contratos del consistorio. José María San Juan de la Madriz es también socio en Grupo El Sombrerito S.L. junto a Sara Lucía Latorre Delgado, propietaria a su vez de La Huella Café Cultural S.L., conocido comercialmente como La Huella Vegana. Latorre se presentó además en la lista de IU-Más Madrid-Verdes Equo a las elecciones municipales, ocupando el puesto número 24.

La Huella Café Cultural ha sido adjudicataria de varios contratos del Ayuntamiento de Rivas. Entre los documentados figuran el servicio de catering para el estand municipal en Fitur 2024, por 15.840 euros; el servicio de hostelería del 24 Festival de Cine de Rivas, por 4.365,90 euros; y el catering del homenaje a la VII Corporación Municipal, por 1.100 euros. A esas adjudicaciones se suman contratos menores para actos organizados directamente por la propia Chamorro desde su concejalía: entre otros, los celebrados con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Día del Orgullo LGTBI en el edificio Atrio.

La empresa pública municipal Rivamadrid también ha recurrido a La Huella Vegana. En uno de esos encargos, el restaurante gestionó el almuerzo de un acto en el que se entregaron cheques regalo de 200 euros —canjeables en ese mismo establecimiento— a los diez hogares que más reciclaron. El partido Más Madrid, del que forma parte la propia Chamorro, ha celebrado además eventos en ese local, que acogió presentaciones con figuras como Iñigo Errejón, Mónica García o Manuela Bergerot.

Falta de transparencia y silencio institucional

Según la oposición, a la acumulación de estas coincidencias se suma la ausencia de explicaciones por parte del equipo de gobierno. El PP y el resto de grupos de la oposición municipal han ido registrando cada expediente y cada adjudicación sin obtener respuesta satisfactoria sobre los criterios que han guiado las decisiones de contratación ni sobre la compatibilidad de las funciones de la edil con los intereses empresariales de su entorno más cercano. La legislación de contratos del sector público establece limitaciones específicas para evitar precisamente este tipo de situaciones, aunque la determinación sobre si se han vulnerado o no correspondería, en última instancia, a un juez.

El caso añade un nuevo capítulo a la controversia que rodea al consistorio de Rivas Vaciamadrid: hace apenas unos días trascendió que la alcaldesa ha destinado 590.000 euros en cuatro años a un festival de perfil propalestino. La acumulación de escándalos de gestión en un municipio que ha hecho de la ejemplaridad progresista su marca política refuerza la petición del PP de una auditoría externa de las cuentas y los contratos municipales.