La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha documentado en su informe sobre el caso SEPI que Leire Díez ejerció un papel mucho más activo y prolongado del que el PSOE quiso reconocer públicamente. Según la investigación, la exmilitante socialista pasó de actuar como infiltrada dentro de la Administración durante su etapa en Enusa —donde fue responsable de Comunicación entre octubre de 2018 y diciembre de 2021— a convertirse, una vez fuera del cargo, en una asesora no oficial que orientaba desde fuera los intereses de Antxon Alonso y Vicente Fernández.

El detalle más revelador de la fase de seguimiento de Tubos Reunidos tiene que ver precisamente con las políticas de igualdad. Cuando la empresa preparaba la documentación que debía entregar a la SEPI para justificar su solicitud de ayuda pública, Díez revisó el borrador y recomendó incluir datos sobre el empleo femenino en la planta de Amurrio. Lo que en otro contexto podría interpretarse como una aportación en clave de responsabilidad social corporativa, la UCO lo encuadra como un artificio para «vestir» un expediente bajo sospecha: instrumentalizar el discurso de igualdad para reforzar la credibilidad de una solicitud cuya tramitación estaría, presuntamente, comprometida desde dentro.

Una militante que organizaba debates feministas mientras asesoraba en la sombra

La hemeroteca añade un contraste incómodo para el partido: Díez no era una figura marginal en los círculos del PSOE, pese a que varios dirigentes intentaron presentarla como una desconocida cuando estalló el escándalo. En noviembre de 2020 moderó en la sede de Ferraz un debate sobre feminismo institucional en el que participó la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop. Sus intervenciones en aquel acto incluían reflexiones sobre cómo «reformular la democracia» desde una perspectiva feminista. La UCO sitúa ese mismo perfil público al servicio de una función muy distinta: mientras proyectaba la narrativa oficial hacia el exterior, presuntamente canalizaba información y favores en chats cifrados de Threema.

La Fiscalía Anticorrupción subraya en su último informe la posición de Díez como pieza clave de presión institucional. Sus contactos no se limitaban a Alonso y Fernández: también mantenía reuniones con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en la sede de Ferraz y en restaurantes del barrio madrileño de Hortaleza, y activaba al mismo tiempo interlocución con el Gobierno vasco a través del vicepresidente Mikel Torres. Una capacidad de articulación entre dos administraciones que, según los investigadores, la convertía en un engranaje difícilmente sustituible dentro de la trama.

De la presión política al trabajo de campo inmobiliario

El perfil de Díez que emerge de las comunicaciones intervenidas resulta notablemente transversal. Las notas de Threema muestran que en el caso Mercasa también asumía funciones operativas sobre el terreno: según los mensajes, era la encargada de «fachear» por la zona de Concha Espina en Madrid para identificar inmuebles de interés. La misma persona que revisaba borradores técnicos destinados a altos cargos de la SEPI localizaba físicamente locales en la capital para otros negocios del grupo investigado.

La semana en curso resulta decisiva para el avance judicial del caso. El juez Santiago Pedraz interrogará a varios altos cargos, entre ellos la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que comparecerá como investigada el jueves tras conocerse reuniones suyas con Díez presuntamente orientadas a vigilar las actividades de la propia UCO. El miércoles, Diego Villafañe —mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz— declarará en relación con encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General entre Díez y el abogado e imputado Jacobo Teijelo. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo hará como testigo ese mismo miércoles, mientras que la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, comparecerá como imputada el martes.

El alcance de la trama investigada, que según la Audiencia Nacional habría «contaminado» a múltiples altos cargos de la Administración, convierte este caso en uno de los asuntos judiciales de mayor calado político abiertos en España. La acumulación de perfiles investigados —desde mandos de la Guardia Civil hasta el entorno directo de la Fiscalía General— dibuja una estructura de influencia que trasciende con creces el expediente original de ayudas públicas a Tubos Reunidos.