Lo que las pesquisas judiciales en torno al denominado caso Leire han puesto bajo el foco no es un episodio aislado, sino la expresión más reciente de una práctica que lleva instalada en el entramado empresarial del Estado desde que Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno mediante la moción de censura de 2018. Desde entonces, sociedades de titularidad pública con funciones estratégicas —logística postal, gestión aeroportuaria, abastecimiento alimentario, energía nuclear— han acogido de forma recurrente a ex altos cargos, asesores y perfiles estrechamente vinculados al Partido Socialista.

El punto de partida del actual escándalo es la trayectoria de Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez, quien accedió a la presidencia de Correos poco después de la moción de censura. Durante su etapa al frente de la empresa postal, la compañía acumuló pérdidas cercanas a los 1.500 millones de euros. Fue también bajo su mandato cuando se creó para Leire Díez una posición a medida: contratada como directora de Relaciones Institucionales, Díez terminó supervisando más de 2.500 oficinas y casi 9.400 trabajadores. Antes de Correos, entre 2018 y 2021, ya había dirigido la comunicación de Enusa, la Empresa Nacional del Uranio, adonde aseguró haber llegado tras responder a una oferta publicada en internet.

De Correos a la SEITT: el circuito de salida de Serrano

Tras abandonar Correos en 2023, Serrano no regresó al sector privado directamente. Tuvo un tránsito por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), bajo la órbita del Ministerio de Transportes que entonces encabezaba Óscar Puente, antes de fichar por Arcamo Controls, una empresa privada dedicada al hidrógeno verde. El recorrido ilustra cómo el capital político acumulado en la gestión pública puede convertirse en un activo de salida hacia el sector privado emergente.

Berlanga, Sempere y los vínculos con Ábalos

La etapa de Díez en Enusa coincide en el tiempo con la presidencia de José Vicente Berlanga al frente de esa empresa, cargo al que accedió apenas un mes después de la investidura de Sánchez, avalado por una larga trayectoria como asesor municipal en Valencia y por su proximidad al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Hoy, Berlanga figura como imputado en el caso Leire. También lo está José Ramón Sempere, quien tras una etapa como concejal socialista en Alicante fue nombrado presidente de Mercasa —el organismo que gestiona los mercados mayoristas de alimentación de España— y pasó después a dirigir la Fundación de los Ferrocarriles Españoles antes de jubilarse en fecha reciente.

El vínculo con Ábalos aparece igualmente en uno de los aspectos más llamativos del sumario: el cobro de fondos públicos sin prestación de servicios. Las empresas públicas de ingeniería Ineco y Tragsatec confirmaron ante el juez haber abonado a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, un total de 43.978 euros. La propia interesada reconoció en febrero de este año ante el Tribunal Supremo que percibió esas cantidades sin haber desarrollado trabajo alguno a cambio.

Paradores y Aena, salas de espera para futuros ministros

No todos los casos remiten a investigaciones judiciales, pero el patrón es igualmente nítido. El actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ocupó la presidencia de Paradores de Turismo entre 2018 y 2021, periodo en el que aguardó su regreso a la primera línea política antes de ser designado jefe de Gabinete de Sánchez y, posteriormente, miembro del Consejo de Ministros. Por su parte, Maurici Lucena preside Aena desde hace seis años. Su trayectoria incluye la coordinación del área de competencia del programa electoral socialista de 2004, la asesoría al expresidente de la Generalitat José Montilla y la participación en el grupo de expertos de Sánchez para las generales de 2015. Su perfil técnico-político es representativo de una categoría de directivo que el PSOE ha sabido ubicar en posiciones de alto valor institucional con continuidad llamativa.

El resultado es un mapa en el que algunas de las principales empresas públicas del país operan, al menos en parte, como mecanismo de gestión de carreras para el ecosistema político socialista: entrada tras la llegada al poder, permanencia durante la legislatura y salida hacia nuevos destinos —públicos o privados— cuando el ciclo se cierra. La coincidencia de varios de esos perfiles en la causa judicial que instruyen los tribunales convierte lo que parecía una práctica tolerada en un asunto con consecuencias penales pendientes de resolución.