Apenas once días después de formalizar su acuerdo de gobierno en Andalucía, el Partido Popular y Vox han protagonizado su primer choque público. El detonante ha sido el devastador incendio de Los Gallardos, en Almería, que se ha saldado con trece víctimas mortales y más de 7.000 hectáreas calcinadas. Las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, atribuyendo el desastre al cambio climático han generado una respuesta airada por parte de sus socios de gobierno.

Fuentes próximas a la dirección nacional de Vox han expresado su rechazo explícito al planteamiento de Moreno. Su argumento es que el factor climático no es la causa determinante de la catástrofe y que la solución pasa por medidas de gestión forestal directa: desbrozar, mantener y limpiar el monte. El pastoreo, en particular, aparece en su discurso como herramienta preventiva fundamental, una posición que, de hecho, el propio acuerdo programático suscrito con el PP recoge en su punto 141.

Lo que dice el pacto de gobierno y lo que dice Moreno

El acuerdo de coalición entre ambas formaciones incluye el compromiso de revisar la ley andaluza de cambio climático —la Ley 8/2018— con el objetivo declarado de eliminar cargas normativas que, a juicio de los firmantes, perjudican al sector primario y a la industria. El texto también recoge el rechazo a la Agenda 2030 y al Pacto Verde europeo, así como la supresión de tributos ambientales sobre plásticos, emisiones atmosféricas y vertidos a aguas litorales.

En materia de prevención de incendios, el punto 141 del acuerdo establece que el ejecutivo andaluz trabajará para eliminar cualquier obstáculo normativo que impida al sector agrícola, ganadero y cinegético contribuir a la conservación del monte mediante pastoreo y desbroce, con prioridad presupuestaria desde el primer día de legislatura. Que Moreno haya elegido precisamente ese contexto para reivindicar el papel del cambio climático resulta, cuando menos, llamativo a la luz de lo pactado.

El pastoreo, ya impulsado por el propio Moreno meses antes

La ironía del episodio es que el propio gobierno del PP en Andalucía aprobó, en abril pasado, un decreto ley de medidas urgentes para fomentar el uso silvopastoral del monte, con el objetivo explícito de reducir la acumulación de biomasa vegetal inflamable. Es decir, la herramienta que Vox reclama como respuesta prioritaria ya formaba parte de la agenda de la Junta antes de que los de Santiago Abascal se incorporasen al ejecutivo.

Esa circunstancia no ha suavizado las críticas internas. Desde el entorno de Vox subrayan que la clave no está en los grandes marcos ideológicos sobre el clima, sino en la gestión concreta y cotidiana del territorio. La frase que circula en sus filas resume bien la posición: consideran un error creer que la prevención de incendios se resuelve con políticas de transición energética, y no con presencia humana y ganadera en el monte.

Sea cual sea la causalidad real del incendio —una cuestión que los investigadores deberán determinar—, la disputa revela una tensión de fondo que el pacto andaluz no ha resuelto, sino aplazado. El PP y Vox comparten gobierno, pero no comparten diagnóstico sobre algunas de las principales amenazas medioambientales. Con trece muertos sobre la mesa, ese desacuerdo difícilmente podrá seguir siendo ignorado.