Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ha renovado su cargo por un nuevo período de cinco años en un momento en que los ataques de sectores nacionalistas contra la judicatura vasca han alcanzado una intensidad inusual. En una entrevista concedida al diario ABC, el magistrado donostiarra —que lleva escolta desde el asesinato en 2001 del magistrado José María Lidón a manos de ETA— ha salido al paso de quienes lo retratan como un enemigo de la identidad vasca: «Con dolor. Con pesar y con dolor», ha respondido al ser preguntado sobre esa percepción.

Subijana inició su carrera en la judicatura en marzo de 1990 destinado en Azpeitia, en un contexto de violencia terrorista en el que los representantes del Estado eran diana de ETA. Décadas después, la presión ha mutado de forma pero no ha desaparecido: el nacionalismo vasco —ya no solo la izquierda abertzale, sino también miembros del Gobierno central— ha adoptado el relato de que existe una persecución judicial sistemática contra el euskera, llegando a hablar de lawfare. El magistrado rechaza de plano ese encuadre: los tribunales, subraya, se limitan a resolver los recursos que les presentan los ciudadanos, conforme a derecho.

El Constitucional devuelve al TSJPV el fondo del debate sobre el euskera en el empleo público

El asunto más técnicamente relevante que afronta el tribunal en este nuevo mandato es la resolución pendiente sobre la exigencia del conocimiento del euskera en la Ley de Empleo Vasca. El Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad que había elevado el propio TSJPV, pero Subijana aclara que eso no equivale a un aval a la norma: el TC se limitó a considerar que las dudas planteadas no alcanzaban el umbral requerido para su examen, de modo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV tendrá que pronunciarse ahora sobre el fondo del asunto. El precepto concreto que motivó la cuestión —el artículo 187.5 de esa ley— no ha sido modificado por la reforma legislativa sobrevenida, lo que en principio mantiene vivo el debate.

A ese frente se suma la polémica por la suspensión cautelar de los ceros automáticos en los exámenes de la PAU por deficiencias en euskera, también resuelta por los tribunales a instancia de particulares. Subijana insiste en que ninguno de estos pronunciamientos responde a una «ofensiva judicial» orquestada, sino al ejercicio ordinario de la función jurisdiccional. Distingue, además, entre la legitimidad de los jueces para resolver y la legitimidad de la crítica ciudadana a esas resoluciones, una distinción que considera esencial para la salud democrática.

Déficit de jueces y reforma procesal: los otros retos del nuevo mandato

Más allá del fragor político, Subijana señala un problema estructural que afecta al conjunto del sistema judicial español: la ratio de magistrados por habitante. Con 10,1 jueces por cada 100.000 habitantes, el País Vasco se sitúa ligeramente por debajo de la media estatal —10,2— y muy lejos de la europea, que alcanza los 17. Para el magistrado, no se trata de una discriminación específica hacia su territorio, sino de un déficit sistémico que España arrastra frente a sus socios europeos.

En cuanto a la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, que supone una transformación radical en la organización judicial con la creación de los Tribunales de Instancia, Subijana defiende que en Euskadi se ha actuado con prudencia: la puesta en marcha de las nuevas oficinas se ha supeditado a que los edificios, la plantilla de funcionarios y los sistemas de justicia digital estuvieran en condiciones reales de absorber el cambio. Los datos de la memoria judicial de 2025 apuntan en una dirección razonablemente positiva: el volumen de asuntos ingresados cayó un 10,4% y la tasa de resolución superó la media española, lo que matiza el relato de colapso que a veces se proyecta sobre los juzgados vascos.

En su horizonte de cinco años, Subijana asume un tribunal sometido a una presión política sin precedentes recientes, con ministros del Gobierno invocando el concepto de lawfare para cuestionar decisiones judiciales y con partidos nacionalistas que han convertido la crítica a los magistrados en herramienta de movilización identitaria. Su respuesta es la misma que ha dado durante décadas, desde los tiempos en que ejercía con escolta en Azpeitia: los jueces resuelven conforme a la ley, y eso, por incómodo que resulte para algunos, no es otra cosa que el Estado de derecho funcionando.