El Partido Popular presentará en el pleno del Senado de los días 29 y 30 de septiembre una moción de doce puntos dirigida a frenar lo que considera una aplicación irregular de la Ley de Nietos. El núcleo de la denuncia es una instrucción dictada por el Gobierno el 25 de octubre de 2022 que, según los populares, amplió de forma administrativa el perímetro de beneficiarios sin respaldo del legislador, contraviniendo así la propia norma que dice aplicar.

La ley, en su redacción estricta, reconoce el derecho a la nacionalidad española a hijos y nietos de ciudadanos que tuvieron que exiliarse de España entre 1936 y 1955, como medida de reparación histórica. El PP no discute ese principio. Lo que sí rechaza es que la instrucción del Ejecutivo haya extendido esa puerta a cualquier persona que salió de España durante ese período, con independencia de la causa, diluyendo así el requisito del exilio que es el fundamento jurídico y moral de la norma.

El Tribunal Supremo ya ha paralizado inscripciones en el censo

La ofensiva parlamentaria del PP no se produce en el vacío: el Tribunal Supremo ha suspendido la inscripción en el censo electoral de todos los nacionalizados que no hayan podido acreditar que sus antepasados sufrieron efectivamente el exilio. La dimensión electoral del asunto es relevante: la aplicación ampliada de la ley podría afectar a hasta 2,4 millones de potenciales nuevos ciudadanos con derecho a voto. Esa cifra convierte el debate en algo más que una discusión técnico-jurídica.

El propio Sumar, socio del Gobierno, ha empezado a maniobrar para impulsar una modificación legislativa que corrija el problema de fondo y dé cobertura legal a lo que ahora carece de ella. Una admisión implícita de que la instrucción de 2022 se adelantó a lo que la ley permitía.

Doce puntos para exigir transparencia y control

Más allá del rechazo a la instrucción, la moción popular detalla una serie de exigencias al Ejecutivo: revisión de oficio de esa instrucción, acreditación del vínculo familiar mediante criterios homogéneos y verificables, información detallada al Senado sobre el número de solicitudes tramitadas y nacionalidades concedidas, datos sobre el impacto en el censo electoral y garantías de que las inscripciones territoriales se han realizado con los controles de identificación y trazabilidad exigibles. También pide al Gobierno que comparezca en la Comisión Constitucional para dar explicaciones.

La votación servirá además como termómetro político: el PP podrá comprobar en qué lado se sitúan partidos como Junts, cuyo voto en el Senado es uno de los que el Gobierno necesita para mantener su mayoría en la Cámara Alta. La posición que adopte la formación independentista ante una moción que cuestiona una medida del Ejecutivo dejará en evidencia el grado real de lealtad parlamentaria que puede esperar Moncloa de sus socios en momentos de presión.