El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho al voto de los 189.678 hijos de personas nacionalizadas al amparo de la denominada ley de nietos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado sendas resoluciones en las que descarta las peticiones formuladas por Vox e Iustitia Europea, que reclamaban extender a este colectivo la misma restricción que ya afecta a quienes obtuvieron directamente la nacionalidad a través de esa norma.

Ambas organizaciones argumentaban que los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos debían quedar igualmente excluidos del padrón electoral para los comicios del 29-N, en coherencia con la suspensión ya acordada para sus progenitores. El Supremo no ha aceptado ese razonamiento y ha denegado la medida cautelar solicitada.

La Moncloa se opuso a la extensión de la suspensión

El Gobierno de España se posicionó en contra de ampliar la suspensión del derecho a voto a este segundo grupo de personas. La oposición de La Moncloa fue uno de los elementos que figuraron en el procedimiento ante la Sala, que finalmente ha fallado en la misma dirección que defendía el Ejecutivo.

La ley de nietos —formalmente, la reforma del Código Civil que permitió a descendientes de emigrantes españoles acceder a la nacionalidad— ha sido objeto de sucesivos recursos y medidas cautelares en los meses previos a las elecciones del 29-N. La controversia judicial se centra en si quienes obtuvieron o derivaron la nacionalidad por esa vía reúnen los requisitos para ejercer el sufragio en las próximas generales. El Supremo ya había acordado suspender ese derecho para los nacionalizados directamente, pero ahora traza una línea y no traslada esa limitación a la siguiente generación.