España, el Reino Unido, Gibraltar y la Unión Europea suscribieron este martes en Bruselas el tratado que pone fin a la verja que durante décadas ha separado el Peñón de La Línea de la Concepción. A partir de la medianoche del miércoles, los 15.500 trabajadores y visitantes que cruzan diariamente esa frontera terrestre lo harán sin controles de pasaporte. Es el colofón a un proceso negociador que ha durado años y que cierra el último fleco sin resolver dejado por el Brexit.

El documento, que consta de 336 artículos y varios anexos —cerca de un millar de páginas en total—, se aplicará de forma provisional de manera inmediata, pero todavía debe superar el trámite de ratificación formal. Por parte europea, el Parlamento Europeo deberá aprobarlo en sesión plenaria, en una votación que se prevé para finales de año, si bien se considera un mero formalismo.

Una frontera exterior compartida entre la UE y el Reino Unido, solución sin precedentes

El elemento más singular del acuerdo es la arquitectura fronteriza que establece: la Unión Europea y el Reino Unido compartirán los controles de entrada en los accesos marítimos y aéreos de Gibraltar. Se trata de una figura jurídica sin precedentes, que convierte al Peñón en el primer laboratorio de reintegración de un territorio británico en el espacio de libre circulación europeo, pese a que su estatus soberano no cambia en absoluto. Los vuelos procedentes de cualquier país de la UE podrán aterrizar en el aeropuerto gibraltareño, algo que el Brexit había bloqueado. En el aeropuerto, los controles de inmigración y de policía los gestionará Gibraltar, mientras que funcionarios españoles velarán por la integridad del espacio Schengen.

En materia fiscal, el tratado obliga a Gibraltar a adoptar gradualmente impuestos indirectos y especiales vigentes en la UE, incluido el IVA, que se fija en un tipo medio del 15% durante los primeros años. El mercado laboral del Peñón también quedará sujeto a la normativa comunitaria y española, lo que en la práctica iguala las condiciones de los trabajadores transfronterizos —en su mayoría vecinos del Campo de Gibraltar— con las del resto del espacio europeo.

Albares y Sánchez se atribuyen el éxito; PP y Vox lo critican por no recuperar la soberanía

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, encabezó la delegación española junto al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, el ministro de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Albares calificó el momento como «una nueva era entre España y el Reino Unido» y subrayó que el acuerdo protege la reclamación histórica de soberanía española sin renunciar a ella, al tiempo que avanza en la convivencia cotidiana de las poblaciones a ambos lados de la frontera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó a La Línea de la Concepción para celebrar la supresión de los controles, un acto de marcado carácter simbólico y electoral. La posición del Gobierno contrasta con las críticas del PP y de Vox, que consideran que el tratado no altera en nada la soberanía británica sobre el Peñón y, por tanto, supone una renuncia implícita a reivindicaciones históricas de España. Es un reproche jurídicamente exacto —el acuerdo no modifica el estatus territorial de Gibraltar— aunque el Ejecutivo defiende que esa reclamación queda explícitamente salvaguardada en el propio texto.

Una oportunidad real para el Campo de Gibraltar

Más allá del debate soberanista, el acuerdo tiene consecuencias económicas concretas y verificables para los municipios andaluces del entorno. La desigualdad de renta entre Gibraltar y las poblaciones vecinas es notable, y la armonización laboral y fiscal progresiva que introduce el tratado puede corregir distorsiones que han perjudicado históricamente a los trabajadores y empresas del lado español. La libre circulación sin trabas también puede estimular el turismo y la actividad comercial en una comarca con altas tasas de desempleo estructural.