La crisis diplomática entre París y Madrid que estalló esta semana tiene un detonante puntual —un artículo de Mariano Rajoy en un medio digital de escasa relevancia— pero una causa de fondo mucho más grave: el Tratado de Amistad entre España y Francia lleva tres años firmado sin que el Parlamento español lo haya ratificado, y el Partido Popular ha protagonizado sucesivas maniobras para impedir que esa ratificación se complete. La reacción francesa, con cuatro ministros —entre ellos el titular de Asuntos Exteriores— calificando de racista al expresidente español, no es una respuesta espontánea: es una advertencia calculada desde el Elíseo.

El tratado fue suscrito el 19 de enero de 2023, pero su tramitación parlamentaria ha chocado con la aritmética y con la obstrucción. En la primera votación en el Congreso, Junts y Podemos se abstuvieron, lo que puso en apuros al Gobierno. El PP, que en principio también pretendía abstenerse, optó por votar en contra en cuanto vio que Sánchez podía salir derrotado. El argumento esgrimido por el partido de Feijóo para justificar ese rechazo fue una cláusula que prevé la posibilidad —no la obligación— de que un ministro de uno de los dos países participe periódicamente en reuniones del Consejo de Ministros del otro. Esa misma disposición figura en los tratados equivalentes que Francia ha firmado con Alemania, Italia y Polonia sin que haya generado controversia alguna. En el caso italiano, ni siquiera ha llegado a activarse.

El Senado, nuevo escollo tras la aprobación en el Congreso

El 18 de junio pasado, el Congreso aprobó finalmente el Tratado de Barcelona —nombre con el que también se conoce este acuerdo— con el voto favorable de Junts y Podemos, que esta vez respaldaron el texto. Sin embargo, el proceso no ha concluido: el PP ha impulsado en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, una petición de informe al Tribunal Constitucional que puede dilatar el trámite durante varios meses. Dado el calendario electoral en ambos países, ese retraso podría equivaler en la práctica al decaimiento del convenio.

Cargarse un tratado de amistad bilateral con el segundo socio europeo de España en el contexto actual de la Unión —cuando la cohesión entre los grandes estados miembros es más necesaria que nunca ante los desafíos geopolíticos— no es una decisión inocua. Desde un prisma de responsabilidad de Estado, la estrategia obstruccionista del PP en el Senado supone asumir un coste diplomático real por un rédito de política interior que, a estas alturas, resulta difícil de justificar. Feijóo ha apostado por ese camino, y la chispa del artículo de Rajoy ha acelerado la respuesta francesa en el peor momento posible.

El cálculo francés: factura, aviso y partido de fútbol

La respuesta de París combina varios objetivos a la vez. Por un lado, salda una deuda pendiente con la derecha española por el bloqueo del tratado. Por otro, arrebata la iniciativa discursiva al Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, que difícilmente podía permanecer callado ante una polémica sobre la identidad de los futbolistas franceses sin posicionarse en su territorio natural. Además, inyecta motivación patriótica a la selección francesa de cara al partido de esa noche. Una operación con varios beneficios simultáneos, activada con la excusa que la torpeza del exjefe del Ejecutivo español proporcionó gratuitamente.

El episodio pone de manifiesto también las limitaciones de Rajoy como actor público en su etapa de expresidente. Siete años al frente del Gobierno sin apenas proyección internacional —su propia frase sobre Soria y Siria se volvió emblemática— y su primera incursión relevante en el debate europeo termina generando un conflicto diplomático que complica aún más la posición de su partido ante París. El PP hereda ahora un problema que no ha pedido pero que su propia estrategia parlamentaria contribuyó a crear.