Un tribunal ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en un caso que simboliza algo más amplio que una irregularidad puntual: la arraigada costumbre de colocar a familiares de altos cargos en puestos públicos con funciones ambiguas y cobertura normativa de conveniencia. La sentencia es un hecho jurídico relevante, pero su verdadero valor reside en lo que ilumina sobre la normalización del nepotismo en el Estado español.

El paralelismo con los primeros juicios por delito ecológico resulta clarificador. En aquellos procesos, la defensa del río muerto sostenía que el acusado no podía ser responsable de destruir algo que ya estaba destruido. Los tribunales raramente la admitían, pero su lógica era difícil de rebatir. Con el tráfico de influencias y los favoritismos institucionales ocurre algo similar: hace décadas que convocatorias de plazas aparentemente prefabricadas, ascensos en sincronía conyugal y vocaciones administrativas repentinas de familiares de ministros forman parte del paisaje habitual. Solo cuando el beneficiario lleva el apellido del presidente del Gobierno recuperamos colectivamente la capacidad de escandalizarnos.

La estrategia de la ausencia y su coste procesal

La actitud de David Sánchez a lo largo de la instrucción y el juicio oral merece análisis propio. Según las crónicas del proceso, mantuvo una expresión de desconexión sistemática, como si el procedimiento le concerniera solo de forma tangencial. En un proceso penal, esa postura tiene consecuencias: los tribunales no juzgan únicamente documentos y testimonios, sino también verosimilitudes. Y pocas cosas erosionan más la credibilidad ante un juez que parecer ajeno a los propios hechos que se debaten.

Una Fiscalía cuya autoridad se resquebraja

El episodio deja también una enseñanza sobre el estado actual del Ministerio Fiscal. La acusación pública solicitó la absolución argumentando que el puesto, aunque escandaloso en las formas, contaba con cobertura normativa y funciones formalmente descritas, por vagas que estas fueran. El tribunal discrepó. Pero el dato más significativo no es el desacuerdo en sí, sino lo que revela sobre la credibilidad de la institución: en un país donde la sospecha de obediencia política contamina por igual la decisión de absolver y la de condenar, la autoridad casi reverencial de la que históricamente gozó la Fiscalía ante los juzgados ha quedado seriamente dañada.

La sentencia dejará, previsiblemente, a todos los contendientes sin la satisfacción que buscaban. Ni absolución plena ni condena ejemplar que cierre el debate. Porque los tribunales no están diseñados para sanear ecosistemas institucionales corrompidos por décadas de prácticas toleradas: apenas pueden señalar a quien fue sorprendido con las manos en la masa en un río que llevaba mucho tiempo sin peces. La pregunta incómoda que la sentencia deja sin respuesta es cuántos vertidos quedaron impunes antes de este.