El consejero de Seguridad del País Vasco, Bingen Zupiria, compareció este miércoles en rueda de prensa para explicar por qué la Ertzaintza dejó marchar a los dos presuntos integrantes de Jardun y al ciudadano irlandés que los acompañaba tras identificarlos el 26 de septiembre en un control de alcoholemia en Irún. Su argumento: en ese momento no estaban cometiendo ningún delito de manera flagrante y, por tanto, no era legalmente posible proceder a su detención inmediata.

El control policial, sin embargo, no fue rutinario en sus resultados. Los agentes hallaron en el vehículo mapas con la ubicación de presuntos zulos de ETA, un listado con nombres de agentes de la Guardia Civil, dos teléfonos con cifrado y varios dispositivos informáticos también encriptados. Además, sobre los tres pesaban instrucciones de las autoridades francesas e italianas para someterlos a seguimiento discreto. Pese a todo ello, los tres continuaron su camino.

Tres semanas entre la identificación y la detención

Zupiria no aclaró a quién comunicó la Ertzaintza los resultados del control esa misma noche, limitándose a señalar que se siguieron «los procedimientos habituales». Tampoco ofreció una explicación detallada sobre el mes que transcurrió entre la identificación y la detención efectiva: los dos ciudadanos vascos, Aratz Bilbao y Malen Grünig, fueron citados el pasado sábado en la comisaría de Irún y quedaron en prisión provisional tras declarar ante el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional, que apreció indicios de varios delitos de naturaleza terrorista. El tercer implicado, el irlandés Naoise O'Conarain, permanece en paradero desconocido.

El consejero justificó la demora señalando que la Ertzaintza solicitó autorización a la Audiencia Nacional para analizar el material intervenido y que trasladó los indicios a la justicia. Sobre Jardun, la organización a la que pertenecen los detenidos, Zupiria admitió que el Gobierno vasco dispone de escasa información interna, dado que se trata de una entidad «alegal» que no figura en ningún registro oficial. La formación, surgida en la órbita de la izquierda abertzale, ha reivindicado abiertamente el retorno a la violencia como herramienta política.

Preocupación en el PNV y crítica del PP

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, reconoció en una entrevista en RNE estar «algo preocupado» por el caso y reclamó mantener una «mirada estrecha» sobre los grupos disidentes de la izquierda abertzale que, a su juicio, están «en plena efervescencia». Esteban recordó que siempre puede surgir algún «grupo de nostálgicos» de ETA y subrayó que el material hallado —seguimientos a agentes de seguridad y posibles zulos— «no es algo que cualquier ciudadano lleve», lo que implica una intencionalidad clara.

La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, fue más contundente al situar el caso en un contexto más amplio de deterioro del clima de convivencia. Según Garrido, el País Vasco atraviesa «una involución» marcada por «ataques, pintadas, amenazas y señalamientos» contra la Ertzaintza, la Policía Nacional y los partidos políticos. La dirigente popular advirtió de que, aunque es necesario respetar la presunción de inocencia y el trabajo de la justicia, los indicios son «bastantes» y la situación resulta «grave y preocupante». Garrido recordó que la derrota de ETA hace quince años fue fruto del esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad, la Unión Europea y la presión social, y alertó de que ese logro no puede darse por definitivamente consolidado.