El Partido Popular ha reclamado una reforma legal orientada a fortalecer el sistema de justicia gratuita y el turno de oficio, el mecanismo que garantiza asistencia letrada a los ciudadanos sin recursos económicos suficientes para sufragar los costes de un proceso judicial. La propuesta, impulsada por la formación conservadora, busca actualizar el marco normativo vigente para adaptarlo a las necesidades reales de quienes dependen de este servicio.

La iniciativa pone el foco en un ámbito del sistema judicial que históricamente ha arrastrado carencias estructurales: la remuneración insuficiente de los abogados del turno de oficio, los criterios de acceso que en ocasiones dejan fuera a personas en situación de vulnerabilidad real, y la falta de medios que lastra la calidad del servicio prestado. El PP considera que estas deficiencias comprometen el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en la Constitución.

Los colectivos de abogacía llevan años advirtiendo de que los baremos de compensación económica para los letrados que ejercen el turno de oficio están desfasados respecto al coste real del trabajo jurídico. Esta situación genera dificultades para mantener una cobertura de calidad, especialmente en zonas con menor densidad de profesionales o en especialidades de alta complejidad técnica. La propuesta del PP enlaza directamente con estas reivindicaciones del sector.

La reforma que plantea el partido afectaría a la regulación estatal de la justicia gratuita, lo que sitúa la pelota en el tejado del Gobierno central. No obstante, la gestión práctica del servicio en Cataluña depende en buena medida de la Generalitat, que tiene transferidas competencias en materia de justicia y que, según han señalado en diversas ocasiones colegios de abogados catalanes, no ha incrementado de forma suficiente los fondos destinados a este fin en los últimos ejercicios presupuestarios.