La primera prueba de las oposiciones para acceder a la docencia pública ha dejado resultados alarmantes en tres comunidades autónomas: Castilla y León, la Región de Murcia y Asturias. Según los datos aportados por los sindicatos STECyL y ANPE, así como por las propias administraciones educativas, el principal motivo de fracaso no ha sido el dominio de la materia específica de cada especialidad, sino errores elementales de expresión escrita y ortografía.

El caso más grave se registra en Castilla y León, donde ocho de cada diez aspirantes —el 83%— no lograron superar el primer ejercicio. En Murcia y Asturias la situación no es mucho más esperanzadora: los suspensos alcanzan el 62,65% y el 63,34%, respectivamente. Tres comunidades, tres convocatorias distintas, y un mismo diagnóstico compartido por sindicatos y administraciones.

Aspirantes a enseñar que no dominan lo que deberían enseñar

La paradoja que subyace en estos datos es difícil de ignorar: personas que aspiran a formar a las nuevas generaciones en lengua y comunicación —o en cualquier otra materia, dado que la expresión escrita es un requisito transversal— presentan deficiencias en competencias que se exigen desde la educación primaria. Los sindicatos consultados han coincidido en señalar que los errores no se limitan a acentos o signos de puntuación, sino que afectan a la coherencia textual y a la construcción de argumentos escritos.

Este fenómeno no puede desvincularse de un debate más amplio sobre la calidad de la formación universitaria en los grados de Educación y en los másteres habilitantes para la docencia en secundaria. Si los futuros maestros y profesores llegan a las oposiciones con lagunas tan evidentes en competencia lingüística, cabe preguntarse qué control de calidad están aplicando las facultades de Educación a lo largo de años de formación.

Un sistema de acceso que sí filtra, aunque tarde

Los datos, con toda su crudeza, también revelan que el sistema de oposiciones cumple una función esencial: actuar como filtro real de aptitud. Que más de la mitad de los aspirantes no supere la primera prueba no es solo un fracaso individual de los opositores; es también una señal de que el acceso a la función pública docente mantiene exigencias mínimas que no todos los candidatos satisfacen. En un contexto en el que a menudo se debate si las oposiciones son demasiado difíciles o si el modelo de selección es el más adecuado, estas cifras aportan un argumento a favor de mantener pruebas que evalúen competencias básicas de manera rigurosa.

Lo que sí interpela directamente a las administraciones educativas —y no solo a las tres afectadas— es la necesidad de revisar si los planes de estudio universitarios y los requisitos de acceso a los grados de Magisterio garantizan un nivel mínimo de dominio del idioma. Los números sugieren que, al menos en una proporción significativa de casos, esa garantía no existe.