España participó con apenas cinco retornos en los vuelos voluntarios hacia África coordinados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), según los datos difundidos por el propio organismo comunitario. La cifra contrasta de forma llamativa con la escala a la que operan otros Estados miembros de la Unión Europea en este mismo mecanismo de retorno.

Los vuelos voluntarios coordinados por Frontex son operaciones conjuntas en las que varios países de la UE comparten aeronaves para trasladar a sus países de origen a migrantes que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo. La participación de cada Estado depende de su propia capacidad administrativa y de su voluntad política de activar los procedimientos de retorno.

Una brecha significativa con otros socios europeos

Mientras España registra esa cifra mínima, otros Estados miembros han ejecutado operaciones de retorno a una escala incomparablemente mayor a través del mismo marco comunitario. La comparación evidencia que la escasa presencia española no responde a limitaciones del sistema europeo, sino a decisiones y prioridades internas en la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.

El contexto es especialmente relevante dado el incremento sostenido de llegadas irregulares a las costas españolas, en particular a Canarias, en los últimos años. Las organizaciones críticas con la política migratoria del Ejecutivo han señalado reiteradamente que la baja tasa de retornos efectivos actúa como factor de atracción para las redes que organizan la migración irregular desde el continente africano.

La presión desde Bruselas y el debate interno

Frontex lleva tiempo reclamando a los Estados miembros una mayor implicación en las operaciones de retorno, uno de los eslabones más débiles del sistema europeo de gestión migratoria. El Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la UE contempla reforzar precisamente estos mecanismos, pero su aplicación práctica depende en última instancia de la voluntad de cada gobierno nacional.

En España, la oposición ha utilizado los datos de retornos para cuestionar la eficacia de la política migratoria del Ejecutivo. Vox ha denunciado en repetidas ocasiones que el Gobierno carece de una estrategia real de retorno y ha exigido la aplicación efectiva de las expulsiones de migrantes irregulares como condición para garantizar el orden público y la seguridad en las fronteras. El PP, por su parte, ha reclamado al Gobierno que eleve su participación en los mecanismos europeos de retorno y que negocie acuerdos bilaterales con los países de origen para agilizar los trámites de devolución.

España cuenta con acuerdos de readmisión con varios países africanos, pero su aplicación ha sido históricamente irregular. Marruecos, uno de los principales países de tránsito y origen, mantiene una relación migratoria con España marcada por la presión política, lo que complica la ejecución sistemática de retornos.