El rechazo de Junts per Catalunya a los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto una crisis de gobernabilidad que amenaza con acortar la legislatura. Fuentes cercanas a la Moncloa han puesto sobre la mesa dos fechas para una posible convocatoria electoral anticipada al Congreso de los Diputados: el 29 de noviembre o el 6 de diciembre.

El partido liderado por Carles Puigdemont, que hasta ahora había sostenido al ejecutivo socialista en votaciones clave, ha convertido la política de vivienda en una nueva línea roja. Su negativa bloquea unos decretos que el Gobierno consideraba prioritarios, dejando al descubierto la debilidad estructural de una mayoría parlamentaria cosida a base de apoyos fragmentados y condicionados.

Una legislatura que dependía de Junts para subsistir

La aritmética del Congreso ha sido, desde el principio, el talón de Aquiles del actual ejecutivo. Sánchez llegó a la investidura con una mayoría exigua que requería el concurso de formaciones con intereses muy distintos y, en algunos casos, contradictorios. Junts ha ejercido desde esa posición un papel de palanca, negociando cada apoyo a cambio de contrapartidas, lo que ha generado una dinámica de permanente inestabilidad.

El bloqueo de los decretos de vivienda no es un episodio aislado sino la manifestación más reciente de esa tensión. Que desde la Moncloa se filtren ya fechas electorales concretas indica que el cálculo político en el entorno del presidente ha cambiado: sostener la legislatura puede resultar más costoso que afrontar unas elecciones anticipadas.

Las fechas que maneja el entorno presidencial

Las dos opciones que circulan —el último domingo de noviembre y el 6 de diciembre, Día de la Constitución— tienen lecturas políticas distintas. Una convocatoria para finales de noviembre implicaría disolver las Cámaras en un plazo muy breve. El 6 de diciembre, en cambio, tendría un peso simbólico evidente al coincidir con el aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, aunque ese simbolismo puede leerse en claves muy diferentes según el bando.

Por el momento, ninguna de las dos fechas es oficial y el Gobierno no ha confirmado ningún paso en esa dirección. Pero el hecho de que se filtren desde el entorno presidencial sugiere que la hipótesis ha dejado de ser descartada internamente.