Junts per Catalunya tumbó este jueves en el Congreso la convalidación de los dos decretos ley con los que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía ampliar la intervención sobre el mercado del alquiler. La portavoz Míriam Nogueras no se limitó a votar en contra desde la tribuna: presentó ante la Cámara un documento alternativo que invierte la lógica del decreto del Ejecutivo y apuesta por la desregulación y los acuerdos voluntarios entre propietarios e inquilinos como eje central de cualquier política de vivienda.

La posición de Junts no es nueva, pero la exhibición de una contrapropuesta elaborada le otorga una dimensión distinta: la formación no solo bloquea la agenda del Ejecutivo, sino que aspira a marcar los términos del debate. Nogueras subrayó que el documento no es una postura cerrada, lo que abre la puerta a una eventual negociación, aunque sin concretar en qué condiciones.

Prórrogas voluntarias y fin del tope del 2%: las dos rupturas con el decreto del Gobierno

La diferencia más sustancial entre la propuesta de Junts y el decreto gubernamental está en el régimen de prórrogas. El texto aprobado por el Consejo de Ministros obligaba al propietario a aceptar la extensión del contrato —a petición del inquilino— por anualidades y hasta dos años adicionales, con fecha límite en diciembre de 2028. Junts elimina esa obligatoriedad: las prórrogas solo serían posibles si ambas partes las pactan libremente, y el horizonte temporal se acorta hasta el 30 de junio de 2028.

El segundo punto de ruptura es el límite del 2% a la actualización de las rentas. El Gobierno, con el apoyo de Podemos, ERC, PNV y Coalición Canaria, entre otros, mantenía ese tope hasta finales de 2027 e impedía subir el precio cuando este superaba el índice del Ministerio de Vivienda. Junts suprime por completo esa restricción y elimina también toda la regulación sobre alquileres temporales y de habitaciones que el decreto gubernamental incluía.

Incentivos fiscales, protección a vulnerables y desahucio rápido ante la okupación

La contrapropuesta de Junts no se agota en lo que elimina. Introduce un IVA reducido del 5% para ciertas compras de vivienda habitual y reconoce el derecho del hipotecado cuando su crédito haya sido vendido por la entidad bancaria con descuento —una medida orientada a proteger al deudor frente a fondos de inversión—. También plantea financiación pública específica para los inquilinos más vulnerables, desplazando así la carga del coste social desde el propietario privado hacia el Estado. El punto más novedoso respecto al decreto del Ejecutivo es la inclusión de un mecanismo de desalojo rápido frente a la okupación ilegal, una demanda que el Gobierno no ha contemplado en ninguno de los dos decretos rechazados.

Con este voto, Junts ha dejado en evidencia al Ejecutivo en un momento políticamente delicado: el decreto nacía en parte como respuesta al llamado «caso Maricarmen», que había generado una fuerte presión mediática sobre la situación de los inquilinos. El portavoz del Gobierno, Patxi López, respondió descartando cualquier retirada de los textos y comprometiéndose a no dar «ni un paso atrás en vivienda», aunque sin precisar cómo piensa tramitar las medidas sin el apoyo suficiente en la Cámara.