Claves
- CCOO y UGT no descartan una huelga general por la vivienda
- El Sindicat de Llogateres lleva días impulsando esta propuesta
- Los sindicatos mantienen conversaciones con el movimiento por el derecho a la vivienda
- La decisión está lejos de tomarse: predomina la cautela
La crisis de la vivienda empieza a traspasar el umbral del activismo de base y a instalarse en la agenda de los grandes sindicatos españoles. CCOO y UGT mantienen conversaciones con el movimiento por el derecho a la vivienda para explorar si una huelga general podría ser la respuesta a una situación que se ha vuelto insostenible para amplias capas de la población. «No se ha dicho que no al escenario de una huelga general. Está abierto», han confirmado fuentes sindicales al diario Ara.
El Sindicat de Llogateres lleva días situando esta posibilidad en el debate público, pero la novedad es que los dos sindicatos mayoritarios no la están descartando. Eso no significa que estén dando pasos acelerados hacia la convocatoria: las mismas fuentes advierten de que CCOO y UGT se muestran cautelosos y que la decisión está lejos de estar tomada.
Una herramienta de presión que se reserva para los momentos de máxima tensión
Una huelga general es, en el repertorio sindical, el instrumento de mayor impacto y también el de mayor coste organizativo y político. Que los sindicatos mayoritarios la pongan encima de la mesa —aunque sea con cautela— sobre la cuestión de la vivienda supone un salto cualitativo respecto a las movilizaciones de protesta que se han ido sucediendo en los últimos meses en Barcelona y otras ciudades catalanas. Hasta ahora, ese tipo de presión máxima se había reservado para conflictos laborales o recortes sociales de gran calado.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que señalan los ciudadanos en las encuestas, con precios de alquiler que en el área metropolitana de Barcelona han alcanzado niveles históricos. La incapacidad de las administraciones —Govern incluido— para frenar esa escalada pese a herramientas como la regulación de precios ha alimentado una frustración que ahora empieza a buscar nuevas vías de presión más contundentes.
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