El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un plan de contribuciones voluntarias a organismos internacionales dotado con 31 millones de euros, en cuya lista de posibles beneficiarios figuran CCOO y UGT. La documentación, publicada por la propia Moncloa, fue presentada con apenas 24 horas de antelación a la huelga general convocada por ambos sindicatos el 11 de noviembre, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Real Decreto regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, con un total de quince contribuciones voluntarias. El Gobierno justificó la inclusión de los sindicatos en la partida por su papel como entidades «intermediarias» vinculadas a intereses públicos y sociales. No obstante, ni Comisiones Obreras ni la Unión General de Trabajadores disponen de delegaciones o sedes fuera del territorio español, según confirmó este periódico.

Más de 569 millones en ayudas desde 2018

La operación se enmarca en un contexto de financiación pública sostenida a las centrales sindicales. Con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, las subvenciones directas y ayudas públicas a los sindicatos mayoritarios —incluyendo sus federaciones, estructuras territoriales y fundaciones vinculadas— habrían superado los 569 millones de euros entre 2018 y 2025, según los datos recogidos en la información disponible.

La huelga general fue convocada formalmente tras una llamada que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habría mantenido con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, según publicó El Confidencial. La versión oficial del Gobierno situó el detonante en la derrota parlamentaria de los llamados «Decretos Maricarmen», un paquete de medidas rechazado en el Congreso.

Silencio del Ejecutivo ante el seguimiento limitado del paro

El secretario general de UGT rechazó las críticas a la movilización con un tono airado, cuestionando que se pudiera convocar una huelga general contra un gobierno que, a su juicio, ha elevado el salario mínimo un 66%. «¿Le vamos a hacer una huelga general a un gobierno que ha subido el salario mínimo un 66%?... Pero qué se han creído, que somos tontos», declaró Álvarez.

Ante el seguimiento limitado de la huelga, el Ejecutivo optó por no ofrecer ningún balance oficial sobre su incidencia y mantuvo silencio público sobre el efecto de las movilizaciones, pese a que varios ministros habían expresado su respaldo a la jornada de paro en los días previos. El presidente del Gobierno no tenía prevista ninguna actividad pública en la jornada del 11 de noviembre.