Con el reloj en contra, el Gobierno de Pedro Sánchez intensificó este miércoles la presión sobre Junts per Catalunya, el PNB y Podemos para lograr la mayoría suficiente que permita convalidar en el Congreso los dos decretos ley de vivienda aprobados a raíz del conocido como caso Maricarmen. La ministra de Vivienda lanzó un mensaje directo a la formación de Carles Puigdemont: «Todos hemos hecho renuncias», y añadió que las medidas para frenar los desahucios «son buenas para la mayoría de los catalanes».

El Ejecutivo central ha separado estratégicamente ambos paquetes normativos. El primero agrupa las medidas urgentes de protección frente a los desahucios; el segundo incluye el resto de disposiciones sobre mercado de alquiler y acceso a la vivienda. La apuesta del Gobierno pasa por convencer a los escépticos de que, al menos, apoyen ese primer decreto, que es el que más respaldo popular tiene y el que concentra el grueso del argumentario de la ministra en su ofensiva de última hora.

Junts, clave en una votación sin margen de error

El grupo parlamentario de Junts se ha convertido en el fiel de la balanza. El partido ha mantenido hasta ahora una postura ambigua, combinando exigencias de mayor autonomía competencial en materia de vivienda para Catalunya con reticencias de fondo hacia el decreto. Esa ambigüedad es precisamente lo que el Gobierno trata de desactivar en las horas previas a la votación, consciente de que sin Junts —o sin el PNB— los números no salen.

La ministra ha intentado apelar a un argumento de interés territorial: que las medidas benefician directamente a los ciudadanos catalanes, especialmente en un contexto de tensión extrema en el mercado del alquiler en Barcelona y otras ciudades del área metropolitana. Es un enfoque que busca poner a Junts en la tesitura de explicar, ante su propio electorado, por qué rechaza una norma presentada como protectora para las familias vulnerables.

Podemos, por su parte, ha condicionado su voto favorable a que el Gobierno no haga concesiones que a su juicio debiliten el contenido de los decretos. La triple negociación simultánea —Junts, PNB y Podemos en coordenadas ideológicas y territoriales muy distintas— es el principal desafío logístico y político al que se enfrenta el Ejecutivo antes de que se abra la sesión de votación.