El fotoperiodista Joan Gálvez fue alcanzado por una bala de foam disparada por los Mossos d'Esquadra el 15 de octubre del año pasado mientras cubría una manifestación frente al consulado de Israel en Barcelona. Gálvez llevaba un casco con la palabra Press escrita en ambos lados, una identificación inequívoca de su condición de periodista acreditado. El impacto fue lo suficientemente violento como para derribarlo al suelo.

Dos elementos del incidente apuntan a un uso irregular del armamento antidisturbios. Por un lado, la intensidad del golpe sugiere que el proyectil fue disparado desde una distancia inferior a la que establece el protocolo de uso de estas municiones. Por otro, la marca quedó en el brazo del fotógrafo, cuando la normativa vigente exige que los disparos de foam se dirijan siempre a la zona del cuerpo comprendida entre la cintura y las rodillas, nunca por encima.

Una investigación que se queda en casa

El caso ha abierto el debate sobre cómo investigan los Mossos d'Esquadra sus propios excesos en el control de manifestaciones. La corporación policial catalana ha puesto en marcha un procedimiento de investigación interna, pero la falta de transparencia sobre sus avances y conclusiones alimenta las dudas sobre la independencia real de ese proceso. Que sea el propio cuerpo quien examine la conducta de sus agentes, sin rendición de cuentas externa visible, es precisamente el núcleo de la controversia.

El incidente afecta directamente a la libertad de prensa: un periodista identificado como tal, en el ejercicio de su trabajo, resultó herido por fuerzas de seguridad dependientes de la Generalitat. La Conselleria d'Interior, de quien dependen los Mossos, no ha hecho declaraciones públicas sobre el alcance ni el resultado de las diligencias internas abiertas. Tampoco se conoce si existe algún expediente disciplinario abierto contra el agente o agentes implicados.

La situación recuerda episodios anteriores en los que el uso de material antidisturbios por parte de los Mossos generó lesiones a personas que no participaban activamente en altercados, sin que los mecanismos de control interno del cuerpo derivaran en consecuencias disciplinarias conocidas. La falta de un organismo supervisor externo con competencias reales sobre la policía autonómica catalana es una carencia que distintos colectivos de defensa de la libertad de prensa y de derechos civiles llevan años señalando.